El despido masivo e indirecto de al menos doce maquilas este año, dejó sin trabajo y sin ingresos económicos a unos 10 mil trabajadores de ese sector; las denuncias y los casos son recurrentes.
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Las condiciones laborales en las maquilas parecen no mejorar con los años, ya que sólo en lo que ha transcurrido de 2008, abogados y sindicatos han recibido más de 400 denuncias por diferentes problemas suscitados a lo interno de estas empresas.
La inestabilidad laboral, los despidos indirectos o masivos y la falta o retraso en los pagos de salario, son sólo algunos de los problemas que convierten a los trabajadores de maquilas, en el sector más vulnerable de la masa proletaria.
Situación actual
Pese a las peticiones que la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y otras organizaciones han planteado a varios gobiernos, la situación a ese nivel parece no sufrir cambio alguno.
Victoriano Zacarías, dirigente de la CGTG, comentó que la mayoría de ese grupo de trabajadores manifiesta preocupación por no tener estabilidad laboral en esas empresas, y añadió que han gestionado acciones a lo largo de varios gobiernos pero «no les interesa: prácticamente han hecho caso omiso a las denuncias que se han planteado y no se pronuncian al respecto», enfatizó el sindicalista.
Entre las solicitudes que la CGTG ha planteado se encuentran que el Estado sea responsable de pagar las prestaciones de las y los trabajadores que sean despedidos sin el pago de esa garantía.
Para Zacarías la situación se agrava, ya que en la actualidad existen más de 400 maquilas, de las cuales un gran número trabajan de forma clandestina, vulnerando con ello la estabilidad de más de unos 200 mil empleados de esa área.
La CGTG reporta, en lo que va del año, doce maquilas que han dejado sin empleo a unos 10 mil trabajadores, «a los cuales no se les pagaron prestaciones y en algunos casos hasta les quedaron a deber tres quincenas de salario», explicó el entrevistado.
Más casos
Otto René Arenas, Director del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos, explicó que «la falta de una serie de incentivos ha generado un impacto negativo en la población laboral, y ello muchas veces se manifiesta en actitudes que puedan reñir con la ley».
El jurista añadió que la actual legislación laboral favorece a ese tipo de empresas, pero no así a los trabajadores de ellas: «las maquiladoras vinieron a Centro América porque les sale más rentable pagar mano de obra barata, aparte que en cuanto al transporte o traslado de maquinarias invierten mucho menos que en cualquier otra región», enfatizó.
Arenas indicó que de enero a junio del presente año, el Bufete universitario recibió 320 solicitudes de asesoría legal, sólo en casos de maquilas, los cuales fueron considerados de «alto impacto económico».
El entrevistado agregó que las denuncias más comunes se refieren a denegación de pago de salario y de prestaciones laborales, despidos indirectos y malos tratos a las y los trabajadores.
Análisis
Enrique Torres, abogado experto en el área laboral, opinó que a lo largo de la historia, ha sido difícil lograr que se cumplan los requisitos mínimos de ley laboral en una maquila. «Es casi imposible negociar colectivamente en esos casos», resaltó.
Torres explicó que esa es una industria en que se mueven a nivel de salarios mínimos y que esta no está establecida sobre las bases de una buena gerencia sino de la mano de obra más barata en el mundo.
Según Torres, los aspectos más vulnerables son: constante violación a los derechos de las y los trabajadores, falta de pagos en pensiones, exceso de horas extras sin remuneración y falta de programas de trabajo con beneficios inmediatos.
El entrevistado opinó que para cambiar la realidad que afecta a ese grupo de trabajadores «es necesario rebajar los costos en otros aspectos y no en la mano de obra, cambiar la forma de hacer negocios y dejar de enfocarse en cómo se debe trabajar sino en aumentar mejoras a las condiciones de los laboristas».
Ana Isabel Sicajá tiene cuarenta años y cinco hijos; por más de cuatro años trabajó para la empresa Campridge Industrial, S. A., la cual estaba ubicada en la 18 calle de la Avenida Petapa, zona 12.
La semana pasada, Sicajá, junto a noventa personas más, esperaba a ser atendida en el Juzgado Primero de Trabajo, donde iniciaron el proceso contra la citada maquila para el pago de sus prestaciones.
Lo anterior, porque en junio último, los propietarios de esa empresa decidieron trasladarse hacia la zona 4 de Mixco; los trabajadores se opusieron debido a la larga distancia entre sus viviendas y la nueva ubicación de la empresa, lo que provocó el despido de unas cien personas, sin el pago de hasta cuatro quincenas de salario e indemnización.
El 23 de abril pasado, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales presentó en la OTLA la solicitud de revisión al amparo del capítulo 16, referente a asuntos laborales, del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (DR-CAFTA).
Los demandantes indicaron que el Gobierno guatemalteco ha incumplido leyes internas que buscan evitar actos violentos contra sindicalistas, y no ha indemnizado ni pagado prestaciones del Seguro Social, entre otras irregularidades. Sindicatos nacionales se adhirieron a esa petición.