El peronismo socialdemócrata y la central obrera afines al Gobierno argentino medirán fuerzas mañana con opositores liberales, izquierdistas y agricultores en rebeldía fiscal, en sendos actos callejeros antes de ser votada en el Congreso una crucial ley de impuestos a las exportaciones alimenticias.
Grupos políticos y sindicales del peronismo, junto con piqueteros desocupados respaldarán a la presidenta Cristina Kirchner en un mitin frente al Parlamento, donde el Senado debate el miércoles una estratégica norma que fija tributos flotantes a las ventas externas de soja, maíz y otros granos.
«El objetivo de las «retenciones» (derechos de exportación) es la redistribución de la riqueza», ha declarado el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del Partido Justicialista (PJ, peronista) y único orador de la manifestación oficialista.
En el polo opuesto, la fortalecida oposición liberal cristiana, radicales socialdemócratas, la derechista Propuesta Republicana, pequeños partidos de izquierda y las cuatro grandes entidades de agricultores se reunirán alrededor del Monumento a los Españoles para rechazar los tributos por considerarlos confiscatorios.
«No participamos de ningún golpe de Estado», se defendió hoy de acusaciones del Gobierno el dirigente agrario Ricardo Buryaile, uno de los líderes de la protesta que lleva cuatro meses y que semiparalizó la economía del país sudamericano.
Néstor Kirchner había acusado a los jefes del movimiento rural de intentar un golpe de Estado mientras que los agricultores tildaron al Gobierno de ignorante en materia de producción agropecuaria, en medio de un creciente clima de violencia y amenazas.
Manifestantes antigubernamentales produjeron en las últimas horas decenas de los llamados «escraches», que consisten en marchar en grupos hacia las casas de legisladores oficialistas para arrojarles piedras o pintarles las paredes con leyendas ofensivas.
Otra agresión la protagonizó Guillermo Moreno, poderoso secretario de Comercio Interior y defensor a ultranza de la política gubernamental, cuya esposa golpeó a una opositora en un enfrentamiento en una casa de comidas.
El Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, dará sanción o rechazará el miércoles la ley aprobada por Diputados que fija derechos de exportación móviles, según los cuales la tasa aduanera aumenta a medida que lo hace el precio internacional.
La norma establece reintegros y compensaciones para 61 mil pequeños agricultores sojeros, que les reduce de hecho de 48% a 30% el impuesto aduanero, mientras que se mantiene la carga sobre unos 4 mil grandes grupos que incluyen a financistas y propietarios de más de 10 mil hectáreas.
La puja por la renta de la soja a través de las llamadas «retenciones móviles» provocó la peor crisis política y económica en el país desde 2002 y puso en jaque la hegemonía política del matrimonio Kirchner.
La economía que venía creciendo a un ritmo de 8% a 9% anual comenzó a frenarse, con una pérdida de reservas monetarias de unos 3 mil millones de dólares, caída de consumo y debilitamiento de inversiones.
La inflación real se ubica en casi el 30% anual, según las consultoras privadas, y en menos del 10% según cuestionadas estadísticas del Gobierno, bajo sospecha de manipulación.
Argentina exportará este año materias primas y productos agroindustriales por más de 35 mil millones de dólares, más del 50% de las ventas externas totales, pero la producción agraria se enfrió por la incertidumbre en pueblos y ciudades de provincias que vivían una inédita prosperidad.
El Gobierno cuenta todavía con el apoyo de la central obrera peronista CGT y de sectores de la industria revividos tras las políticas neoliberales de los años 90.
Pero la popularidad de la Presidenta cayó casi veinte puntos desde el 50% que tenía al asumir hace seis meses, según analistas privados, y sectores de la clase media se han vuelto furiosamente antigubernamentales.