Es lamentable que 158 diputados y sus 500 asesores no conozcan absolutamente nada del derecho internacional ligado con el honor de un paí­s que tiene obligación de respetar los convenios voluntariamente aceptados. Lástima que en este Congreso no haya como en los pasados un Villagrán Kramer, un Jall Lloreda, un Skinner Klee o un Alfonso Carrillo. De igual manera tampoco hay un solo constitucionalista que los oriente para que no cometan tanto dislate. El tratado que estableció la Corte de Justicia Centroamericana está vigente y es obligación del Estado cumplirlo.