La implementación de medidas que impiden la permanencia de inmigrantes ilegales en territorios de la Unión Europea (UE) han generado reacciones de descontento en los gobiernos centroamericanos.

Dentro de los postulados incluidos en la Directiva de Retorno que han girado los gobiernos de los paí­ses miembros de la UE, se permite la retención de inmigrantes irregulares hasta por 18 meses, mientras se realizan los trámites para su repatriación.

También se permite el retorno de extranjeros menores de edad a su paí­s o lugar de origen, sin necesidad de estar acompañados de su familia, lo cual podrí­a poner en riesgo su integridad fí­sica y mental durante el tiempo de traslado.

La normativa que fue aprobada por la Eurocámara en junio pasado, ha generado un polémico debate dentro de las organizaciones que velan por los derechos y la dignidad de los migrantes, que han calificado las acciones como «una amenaza para la convivencia en armoní­a».

Centroamericanos dicen no

Los presidentes de Centroamérica y el primer ministro de Belice emitieron una declaración pública para dar a conocer su descontento por la Directiva de Retorno, debido a que se estima que un importante número de centroamericanos viven en una situación migratoria irregular en paí­ses que forman parte de la UE.

«Existe una profunda preocupación por las implicaciones violatorias de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes», señala un extracto del comunicado.

Miguel íngel Ibarra, viceministro de Relaciones Exteriores, resaltó que en el pronunciamiento se reconocen los importantes aportes que los latinoamericanos han hecho a la economí­a y la cultura europeas desde su permanencia en el antiguo continente. «La migración no es un delito, es un derechos humano», señaló.

Información de Cancillerí­a revela que de los 20 mil guatemaltecos que viven en Europa, la mayorí­a se concentra en España y una mí­nima cantidad se ha reportado en los consulados.

Interrupciones

En la actualidad, Centroamérica negocia un Acuerdo de Asociación con la UE que implica contratos económicos, polí­ticos y de cooperación, para que ambas regiones puedan «desarrollarse en distintos ámbitos».

Según Ibarra, las medidas que han adoptado las autoridades europeas en contra de los migrantes irregulares «vienen a distorsionar las negociaciones» de los tratados que se efectúan actualmente, sin embargo resaltó que éstas continuarán.