A criterio del presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la pugna suscitada ayer por la integración del paí­s a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es «lamentable e innecesaria».

«Esperamos una pronta resolución de este tema porque la elección de dos magistrados titulares y dos suplentes ante la CCJ ha generado fricción entre poderes, lo que lejos de una armoní­a y coordinación (…) es lamentable e innecesario este enfrentamiento», declaró Luis Fernández Molina, presidente de la Cámara de Amparos.

El magistrado reiteró que el tratado 78-2007 (que aprueba los estatutos de la CCJ) ya fue aprobado y reiterado por el Congreso de la República, y que sólo falta el depósito.

«El tratado como un todo ya es parte del sistema jurí­dico nacional, pero para su funcionamiento hacen falta dos requisitos: el depósito que el Canciller debe hacer ante el Sistema de Integración Centroamericana, además de la cuota que corresponde al Estado de Guatemala», declaró el magistrado.

Según Fernández, los artí­culos 41, 42 y 47 del tratado hablan de la obligación del Estado para los citados depósitos, pero de una forma muy genérica; pero reconoció que la derogación del artí­culo 5 efectuada ayer en el Legislativo, «deja a la Corte sin recursos».

No habrá elección

El presidente de la Cámara de Amparos insistió en que no hay un impedimento formal para elegir a quienes deberí­an representar a Guatemala en la CCJ; pero indicó que «si no hay financiamiento, ¿qué sentido tiene? (…) mejor que se calmen las aguas y con claridad y transparencia proceder a la elección ante la CCJ».

Diputados eferregistas afirmaron que buscan que los magistrados en la CCJ sean nombrados «a través de un proceso transparente».

«Se derogaron los artí­culos 2, 3, 4 y 5 del decreto 78-2007 ya que el Congreso está plenamente consciente de la situación económica y financiera por la que atraviesa el paí­s y los recursos con que cuenta el Estado deben dedicarse al desarrollo de los guatemaltecos y a la atención de sus principales necesidades», respondieron en un comunicado firmado por el Congreso de la República.

Cortes y Congreso

Ayer, el Legislativo tras enterarse que la Corte de Constitucionalidad habí­a declarado inconstitucionales los artí­culos 2, 3 y 4 del decreto que ratifica la adhesión a la CCJ, y que con ello no se podrí­a nombrar una comisión para postular candidatos a magistrados en dicha cámara, los legisladores derogaron los citados artí­culos más el 5, dejando sin fondos esa iniciativa.

Las Cortes de Constitucionalidad y de Justicia opinaron que los artí­culos 41, 42 y 43 son los que se refieren a la fuente de financiamiento en ese tratado.