Cachupe solicitó a Jorge Mario Valenzuela, Juez Segundo de Primera Instancia, que le otorgara el pago de una caución económica y que le reformara los delitos de estafa, lavado de dinero y defraudación tributaria, por el de encubrimiento propio.

El sindicado alegó que la finca en mención es de su propiedad, que la compró en 2004, la vendió en Q 4 millones y que posee la documentación que confirma ese extremo. Sin embargo, Valenzuela resolvió declarar sin lugar las anteriores peticiones, y la situación jurí­dica de Cachupe continúa igual.

El sindicado permaneció prófugo de la justicia por más de once meses, pero fue capturado al ingresar a un hospital de Antigua Guatemala, tras un atentado en su contra, el cual atribuyó a una «persecución polí­tica».

Cachupe es acusado de participar en la negociación ilí­cita en la venta de tres caballerí­as ubicadas en el kilómetro 77.5 de la carretera a Puerto Quetzal, propiedad que serí­a entregada a unas 170 familias campesinas de la comunidad Once de Diciembre, las cuales fueron beneficiadas con Q5.5 millones como indemnización de la Portuaria Quetzal.