Con la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 se aceptó que el papel del Ejército en la sociedad democrática sería el de velar por la seguridad exterior, solamente. Se puso final a la nefasta doctrina de seguridad nacional, que daba a éste un rol en la seguridad interna. Se aceptó, igualmente, que las fuerzas armadas serían recortadas y su presupuesto sustancialmente reducido. Resulta así un absurdo que 11 años después el presidente Colom quiera tirar los Acuerdos a la basura y dar al Ejército nuevas funciones y los recursos que la inversión social necesita urgentemente.
La excusa utilizada por el gobierno es que se necesita fortalecer al Ejército para combatir el crimen organizado. Esto es totalmente inaceptable; en cualquier país civilizado, el crimen, organizado o no, se combate con policía, ya que ésta ha sido entrenada para capturar y llevar a prisión, mientras que el Ejército es adiestrado para «matar al enemigo». Ni siquiera en los Estados Unidos, paradigma de nuestros gobernantes, se ha utilizado las fuerzas militares para combatir a los criminales, aún en los tiempos en que la «mafia» dominaba sectores de Chicago y otras ciudades. Así, se debe fortalecer la Policía para enfrentar el crimen organizado, con amplia formación en derechos humanos para evitar los abusos, así como el Sistema Judicial en su conjunto. Ahí es donde el gobierno tiene la responsabilidad de invertir, para devolver la seguridad al país.
Desde luego, el gobierno también tiene que invertir en proyectos de desarrollo social y económico, como Colom ofreciera en su campaña de actuar con inteligencia frente a la delincuencia, porque el caldo de cultivo para las acciones ilícitas se encuentra en las condiciones de miseria y pobreza de nuestro país. Hay un tercer aspecto que es necesario atender con urgencia para poder devolver la seguridad a la población: la eliminación de la impunidad por los crímenes actuales y los del conflicto armado interno.
Justamente, al analizar el ejército guatemalteco no se puede olvidar la impunidad total que sus miembros han gozado. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de los 200 mil muertos y desaparecidos durante el conflicto, el 93% de ellos son responsabilidad directa del Ejército. Al no aceptar que se dieran los nombres de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, el Ejército asumió la responsabilidad de ellos en conjunto, como institución. Por ello, plantear la desaparición del Ejército no es un acto iluso ni vengativo; es una deuda moral e histórica. Por ser crímenes de lesa humanidad, también debe llevarse a la justicia a los autores intelectuales y materiales de la «guerra sucia» en Guatemala.
El presidente Colom debe frenar las demandas de los militares, de alta y de baja, quienes ni siquiera han cumplido con entregar sus archivos de la represión. Pedir más tropa y más recursos es caer en una parodia igual a la de «retribuir» a las PAC y olvidar el resarcimiento de las víctimas. Es aún más amenazante cuando se sigue cometiendo el error de llamar a las tropas a apoyar a la Policía en acciones contra la población civil, como recientemente se diera en San Juan Sacatepéquez. Es tiempo de desmilitarizar los corazones y cerebros de los funcionarios.