Guatemala será la nación que no enví­e magistrados que la representen en la Corte Centroamericana de Justicia, eso debido a que más de las dos terceras partes de los diputados del Congreso de la República derogaron el decreto 78-2007.

El 13 de diciembre 2007, el Congreso de la República aprobó en seis artí­culos, el Decreto 78-2007 donde Guatemala se adhiere al estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito en Panamá el 10 de diciembre y establece el procedimiento para la elección de los magistrados propietarios y suplentes que deberá realizar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que serán representantes del Estado de Guatemala así­ como su presupuesto.

Sin embargo la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto de forma provisional el artí­culo que ordenaba la integración de una comisión de postulación para elegir a los profesionales de una lista de ocho aspirantes.

«Todaví­a no van a fallar en forma definitiva, pero si lo hacen el Congreso no tendrí­a nada que ver. Serí­a lamentable que se fallará en ese sentido porque lo que se trató fue colocarnos en igualdad de condiciones, queremos que haya igualdad para todos los procesos y no se diga que existe una situación de esa naturaleza sólo cuando se elige para la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia», opinó Arí­stides Crespo presidente del Congreso en funciones.

Lo que quedaba al organismo Ejecutivo era recibir la notificación de dicho fallo y de allí­ proceder a conocer, los abogados, la decisión de los magistrados constitucionales para analizar cuáles fueron los argumentos legales que fundaron la decisión, lo que ya no será necesario.

Sin embargo trascendió que tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, perseguí­an aprovechar dicha inconstitucionalidad para elegir a dedo a los dos titulares y dos suplentes necesarios. También se supo extraoficialmente nombres de abogados que serí­an beneficiados para ocupar los cargos.

Representar a Guatemala en una corte de justicia de esa categorí­a iba a significar para los ungidos, permanecer en ese puesto durante diez años, devengar un salario aproximado a los US $10 mil mensuales. A Guatemala le hubiera costado derogar US $ 800 mil al inicio y aportes permanentes, se informó.

Asimismo se dio a conocer en el parlamento que la decisión de la derogatoria, se dio por la poca transparencia que se pretendí­a en la elección de los magistrados, sin embargo quedó sin materia dicho estatuto porque Guatemala no lo habí­a depositado.

También se argumentó que dejar sin representación al paí­s en esa corte, se debe a la crí­tica situación económica que atraviesa el Estado.