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En su programa de gobierno, sección: «El trabajo como generador de desarrollo,» ofrece impulsar procesos generadores de empleo y dejar atrás la dependencia agrí­cola primaria; fomentar nuevas opciones laborales, de acuerdo con el mapa de pobreza del paí­s; fortalecer el Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la ley laboral nacional e internacional, capacitar y resolver conflictos entre empleador y empleado».

Casi 180 dí­as después de otra etapa histórico-polí­tica en el paí­s, la situación no es distinta para el obrero, opinan sindicalistas nacionales e internacionales.

Se busca y no encuentra

La oferta laboral pública y privada no presenta un panorama alentador para aquellos que no tienen cómo y sí­ anhelan encontrar una fuente con que alimentar a sus hijos, con empleo digno y honrado, replican los defensores del trabajo.

Hay denuncias en la calle, sobre distintas formas de preselección, llenas de requisitos e investigaciones que hostigan, entre ellos visitas domiciliares para conocer el ambiente familiar y hogareño, supuestamente para evaluar el estado emocional y la estabilidad familiar, extremos que parecen violar derechos constitucionales del solicitante, opinan quienes han atravesado esa experiencia.

Actualmente, las personas que demandan un empleo en la empresa privada se ven sometidas a una serie de exámenes de inteligencia, destrezas y habilidades, pruebas psicológicas y médicas, entre ellas el examen antidrogas, antes de ser seleccionado entre cientos de aspirantes a veces para una, dos o a lo máximo tres plazas vacantes.

Crí­tica situación

Parte de esas medidas son a veces justificadas por la ola de violencia, criminalidad, secuestros y narcotráfico que atraviesa la sociedad, coincide, con otras opiniones similares, el secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala, (CGTG), José Pinzón.

Obreros despedidos se quejan que la crisis de los combustibles ha obligado a las empresas a reducir su personal, recargando el trabajo en grupos más pequeños, tal el caso de reparto de mercaderí­as. «Misma cantidad de trabajo antes, depositada en menos personas ahora, para economizar tiempo y dinero», esa es otra táctica empresarial para justificar despidos, explican.

Se informó que algunas empresas mantienen estricto control para medir los niveles de alcohol permitidos en la sangre, antes de que un técnico especializado tome el control de áreas y tareas por turnos prolongados en fin de semana o nocturnos, por ejemplo. Eso debido a la responsabilidad que implica proporcionar servicios esenciales para el paí­s.

Más son desventajas

Algunas limitaciones para aspirar a un empleo: la edad, si tiene más de 35 años no llena requisito; racismo, se manifiesta en el idioma, el color de la piel y el mal vestir; si vive en colonia marginal con foco de problemas sociales, el patrón tiene desconfianza de un trabajador de cierta zona; la mujer no debe tener hijos menores o peor aún, estar en estado de gestación, explica Luis Lara, del Frente Nacional de Lucha (FNL).

Otras desventajas para obtener empleo son: si ha estado sindicalizado o siguió una demanda laboral contra patrón que no querí­a pagar prestaciones; ser enfermo con VIH-Sida; trámite oneroso para obtener antecedentes penales, policiales y boleto de ornato, son contratiempos para quien no tiene dinero, por ello anda en busca de trabajo; ser analfabeto, entre otros. Pero si alguno es recomendado en la iniciativa privada o el gobierno, no hay problema, «es suyo el trabajo, le dicen», enfatiza Lara.

Desigualdad y ley

Todos tenemos derecho al empleo, no importa la posición económica. Prácticas como las mencionadas son totalmente ilegales y la modalidad antiética», opina el abogado y diputado Aní­bal Garcí­a, de Encuentro por Guatemala.

Considera que la Inspección General de Trabajo deberí­a coaccionar al empleador para evitar extremos. Para analizar esa situación podrí­a citar en el futuro al Ministro de Trabajo, ya que el derecho de igualdad se está violando, el contenido del Código de Trabajo no permite llegar a esos extremos, analiza el parlamentario.

El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del paí­s debe organizarse conforme a principios de justicia social», reza el artí­culo 101 de la Constitución Polí­tica de la República.

También el artí­culo 22: «Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja el ejercicio de sus derechos que esta constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma».

Sector público vencido

En el Estado ahora se carece de una polí­tica de generación de empleo, los gobernantes han abandonado esa tarea y dejaron en manos de polí­ticas de recursos humanos el destino del trabajador, señalan representantes sindicales gubernamentales.

Los pocos asalariados que quedan siguen enfrentando ajustes estructurales, privatizaciones, modelos de descentralización, tecnologí­a y fenómenos de deshumanización. Hacen falta promotores de desarrollo de programas de corto, mediano y largo plazo para crear puestos de trabajo, dicen.

Por lo menos hay cuatro ejemplos que están a la vista de la opinión pública, el proyecto de retiro voluntario en el Congreso de la República; en la Superintendencia de Bancos; Dirección General de Caminos, que en 1980 contaba con 60 mil empleados, ahora solo suma cinco mil; el Ministerio de Salud, que en la misma fecha contabilizaba 22 mil dependientes salubristas, hacia 2008 dos mil plazas están eliminadas, comentan.

En un paí­s donde casi cinco millones son población económicamente activa, solo 748,534 cuentan con seguridad social, otros 748,534 sobreviven de la renta agrí­cola temporal, actividades similares y otras; pero 3 millones 493 mil 161 viven de la economí­a informal y por cuenta propia, explican asociados de sindicatos.