Con la propuesta del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2009, el gobierno de la UNE demostrará sus prioridades polí­ticas y las estrategias que le harán diferente a las anteriores administraciones, tal como lo aseguró el presidente ílvaro Colom en su discurso de toma de posesión.

Por eso, es de singular importancia las declaraciones del mandatario durante el desfile del Dí­a del Ejército. «Las nuevas amenazas requieren de un Ejército modernizado, fortalecido y profesionalizado», indicó Colom luego de ofrecer una ampliación presupuestaria para el Ministerio de la Defensa, a unos dos mil 200 millones de quetzales.

¿Qué debemos entender por «modernización, fortalecimiento y profesionalización» del Ejército? ¿Cuáles son las «nuevas amenazas»? La duda surge porque el mismo argumento fue utilizado por la administración anterior para aumentar las arcas castrenses.

Vale la pena detenernos en este punto porque la mejora de una institución estatal tan importante como el Ejército no puede concebirse únicamente con la compra de más armamento y mejores sueldos para los altos mandos.

Aunque en la realidad se presentan algunos cambios, la Ley Constitutiva del Ejército en vigencia responde a una situación social y polí­tica polarizada, en donde el objetivo principal fue la lucha anticomunista durante las décadas de 1970 y 1980. No está de más recordar que la estrategia militar represiva en contra de la sociedad civil emanó de la Doctrina de Seguridad Nacional dictada por Washington.

Es de poner las barbas en remojo porque cuando se habla de modernización del Ejército desde la dirigencia gubernamental y de nuevas amenazas, no puede dejar de pensarse en la alienación a las polí­ticas militares que Estados Unidos impulsa en la actualidad y que buscan el control de la región latinoamericana: el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la concepción de la seguridad por encima de la soberaní­a nacional. El Plan Colombia, el Plan Mérida, la IV Flota y las bases en diversos puntos del continente son operadores de estas polí­ticas.

¿Cuál es la postura del Gobierno respecto a la propuesta brasileña de la creación de un Consejo de Defensa Regional, presentada durante la ratificación del Acta Constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas? Digo, porque su objetivo, además de proteger la soberaní­a territorial de la nación, con la Amazoní­a y el litoral atlántico como zonas prioritarias, es desprenderse de la tutela del Pentágono.

Entonces, ¿qué debemos entender por «modernización» de la institución castrense? ¿Más dinero o cambios estructurales que redirijan su accionar? ¿Podemos esperar reformas en la Doctrina Militar con especial énfasis en la democratización de la institución?