Cuesta creer que en un país con tantas necesidades y en el que se plantea como una urgente necesidad el aumento de la recaudación tributaria para atender necesidades del Estado, existan tantas entidades públicas que están pupusas de dinero producto de «ahorros» realizados al no ejecutar completamente sus respectivos presupuestos de ejercicios anteriores. Contrariando la norma de que los fondos no ejecutados deben volver al fondo común, distintas entidades usan mecanismos espurios para premiar su incapacidad de ejecución y guardar el dinero no utilizado en el ejercicio anual.
Muchos de los fideicomisos se constituyen cabalmente para evitar que el dinero asignado y no ejecutado tenga que volver al fondo común y la diputada Nineth Montenegro acaba de informar sobre las escandalosas cifras que entidades públicas tienen depositadas en instituciones bancarias particulares. Aparte de los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que constituyen ahorro de los trabajadores para el pago de prestaciones futuras y que, por lo tanto, tienen que manejarse con tino y buen criterio para que rindan lo más posible sin exponerlos a riesgos, todo el resto del dinero del Estado que duerme el sueño de los justos en el sistema bancario nacional no se justifica.
Cómo puede ser que el Organismo Judicial se queje constantemente de la baja asignación presupuestaria que le impide mejorar la administración de justicia, mientras tiene ahorros provenientes de cuentas privativas que no se invierten. Cada cuatro años, que es cuando realmente trabajan, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral chantajean con la amenaza de que no podrán garantizar el proceso de elecciones si no les asignan más dinero y resulta que luego les quedan «ahorros» que son dilapidados irresponsablemente. De no mediar la crítica, un cuarto de millón de quetzales hubiera ido a parar a los bolsillos de los magistrados, quienes tuvieron que recular ante la presión pública pero no lograron con ello revertir el tremendo daño que le hicieron a la imagen ya no de ellos sino del Tribunal.
El Estado tiene que mejorar su capacidad de ejecución porque es inaudito que ni siquiera el bajo nivel de ingresos fiscales existente pueda ser eficientemente utilizado. La cantidad de proyectos que no se ejecutan por incapacidad es tremenda y ello explica las abultadas cuentas de los mal llamados «ahorros» que no son sino un signo más de la crisis existente por la inoperancia de las instituciones públicas en todos los campos de la administración. Hay que agradecer a los y especialmente las magistrados del TSE, como ahora se dice, porque han abierto los ojos sobre los grandes riesgos que entraña no restituir lo no ejecutado al fondo común.