El tema de actualidad no sólo en el campo político sino económico, es la intención del gobierno de suscribir convenios para formar parte de la iniciativa Petrocaribe, mediante la cual Venezuela ofrece financiamiento barato a países que adquieren petróleo a precio de mercado, pero con la característica de que el 50% del valor del crudo se convierte en créditos blandos para impulsar desarrollo.
Se dice que ello significa que el gobierno podría disponer anualmente de unos cinco mil millones de dólares frescos para invertir socialmente. Es más o menos la sexta parte de la deuda externa actual de Guatemala, por lo que la misma se duplicaría en seis años con Petrocaribe, lo cual despierta muchas dudas entre sectores de la población.
Pero hay que ser sinceros y decir que el debate no gira alrededor de los temas económicos ni de las implicaciones reales de una deuda. Mucho menos se discute en qué debiera invertirse tan fuerte cantidad para paliar la pobreza en el país, sino que simple y sencillamente la discusión se centra en el aspecto geopolítico, es decir, en la cuestión Chávez que es para muchos fundamental. Chávez es, sin duda alguna, el nuevo cuco de América Latina y sustituye a Castro como el polo de la animadversión de los sectores más conservadores. De hecho, Estados Unidos lo tiene enmarcado como su principal enemigo en la región y de esa cuenta cualquier acto que acerque a otros países con Venezuela es mal visto, no sólo por Washington, sino por los grupos de poder económico en los países del área.
Si Petrocaribe fuera una iniciativa norteamericana posiblemente ni habría debate, como sucede con el Plan Mérida que tiene otras aristas e implicaciones pero que se acepta porque viene de Estados Unidos. Pero viniendo de Venezuela, todo mundo le encuentra patas a las culebras.
Vale la pena centrar el debate en si conviene a Guatemala un plan de esa magnitud y, sobre todo, en cómo se podría invertir ese dinero. Vale la pena pensar, por ejemplo, en que podríamos aliviar algo de la carga que significa la deuda externa actual que devenga intereses del seis o siete por ciento en organismos internacionales, a cambio de la venezolana que será a tasa de uno por ciento de interés anual. Pero lo más importante es decidir si esos recursos nos sirven para invertir en proyectos que nos permitan generar nuestro propio desarrollo, como centrales eléctricas que aprovechen el caudal hidráulico.
El acuerdo no resuelve en nada el tema energético, ciertamente, pero nos podría servir de palanca para impulsar un desarrollo sostenido. Eso es lo que debemos debatir.