La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá en los próximos dos meses, diez solicitudes de procedimientos especiales de averiguación por ví­ctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 45 mil fueron las ví­ctimas de desaparición forzada por parte del Ejército durante los 36 años de guerra interna en el paí­s, de las cuales ninguna ha sido encontrada. La CSJ sólo ha autorizado tres búsquedas este año.

Estuardo Galeano, coordinador del írea Jurí­dica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), refirió que no son los familiares de las ví­ctimas ni las organizaciones de la sociedad civil quienes deben emprender la búsqueda de los desaparecidos sino «es el Estado el que debe responder a las ví­ctimas colaterales de esos hechos criminales», enfatizó.

Galeano recordó que actualmente están abiertos en el paí­s, 11 procedimientos especiales de averiguación, los cuales han sido planteados por familiares y organizaciones sociales.

Aunque la CSJ no ha negado ninguna solicitud de esa naturaleza, los procedimientos han sido lentos a lo interno de la cámara penal, ya que en un plazo de dos meses sólo conocerá diez solicitudes: «le apostamos al sistema de justicia nacional y no al extranjero, por eso no hemos acudido a la Corte o Comisión Interamericana de Derechos Humanos para emitir la denuncia.

Leopoldo Zeissig, director del área de investigación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) manifestó que de los once procedimientos especiales de averiguación que la CSJ ha otorgado a esa instancia uno está a punto de ir a debate y en los otros se ha avanzado en las investigaciones.

El investigador y ex fiscal del Ministerio Público añadió que «se ha recurrido a la PDH ante el fracaso que el MP ha tenido en estos caos».

El PDH tiene contemplada la creación de un banco de ADN en el que compararán cientí­ficamente las osamentas encontradas en los cementerios clandestinos con la sangre de los familiares denunciantes.

El artí­culo 467 del Código Procesal Penal establece que si «existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido determinada o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la CSJ podrá: Intimar al MP en cinco dí­as informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas, y sobre las que aún están pendientes de realización», posteriormente la Cámara Penal encargará la averiguación al Procurador de los Derechos Humanos o a una entidad o asociación jurí­dicamente establecida en el paí­s.