El extenso despliegue para el operativo de hace dos dí­as en Canalitos, zona 24, pudo no ser proporcional a los 203 allanamientos y las tres capturas efectuadas, sin embargo, para la voz oficial el resultado fue «positivo».

La aprehensión de tres lí­deres de una pandilla, el decomiso de dos pistolas calibre 9 milí­metros, un revólver con 50 balas útiles, una escopeta hechiza, seis cartuchos, un teléfono celular y cinco capturas fortuitas (tres de ellas contra policí­as) fueron los resultados de la «toma de control de Canalitos».

En el operativo participaron mil policí­as, mil soldados y 500 fiscales del Ministerio Público.

Según analistas, el inicio de Francisco Jiménez en la cartera de Gobernación pudo ser la razón de la ejecución de un operativo de esa magnitud. Para el MP, el despliegue fue necesario más que coyuntural.

Operativo de Q 4 millones

Mario Polanco, analista del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), refirió: «creo que las autoridades están realizando actividades llamativas sólo porque estamos estrenando Ministro de Gobernación».

Para Polanco, las acciones ejecutadas en la referida coyuntura buscan llamar la atención, pero después se quedan olvidadas: «lo mismo pasó con la administración de Vinicio Gómez y Adela de Torrebiarte y lo malo es que no se analizan los efectos sociales de esos actos, como en el caso de las familias cuyas casas fueron allanadas, y eso es irresponsable», enfatizó.

El entrevistado añadió que el operativo en Canalitos le costó al Estado unos Q 4 millones, gasto estimado en combustible, vehí­culos, salarios: «si cada empleado gana Q 3 mil al mes son Q 100 al dí­a, a eso se suma el gasto de combustible y mantenimiento de vehí­culos; e incluimos las pérdidas en el barrio, los comercios que fueron cerrados», explicó el analista del GAM el cálculo.

«Â¿Cuánto cuesta la vida?»

ílvaro Matus, titular de la fiscalí­a de delitos contra la vida, calificó de «positivo» el citado operativo, ya que «se tomó el control de Canalitos, la requisa en la Subestación de la Policí­a y la captura de dos pandilleros por violación y asesinato», declaró el fiscal.

Respecto a los cuestionamientos que surgieron por el alto despliegue policial y militar en comparación con las capturas, Matus respondió: «Â¿cuánto vale la vida de alguien que hubieran matado mañana?», refiriéndose a los capturados, y reiteró que se buscaba tomar el control de Canalitos.

Las cuentas comenzaron a surgir de parte del fiscal, ya que explicó que los miembros de pandillas no duermen en una misma casa y que el sector tomado sirve como escondite de varios prófugos de la justicia, además, por su ubicación geográfica permite que los prófugos puedan esconderse en los barrancos donde hay cuevas. «En esa aldea no hay direcciones exactas y se necesita un trabajo extenso para la ubicación de los sindicados», declaró.

Los delitos imputados a José Amí­lcar Chilel Uyuy y Otto Adelki Dantes fueron: uso público de nombre supuesto, asociaciones ilí­citas, conspiración, encubrimiento, exacciones intimidatorias y portación ilegal de arma de fuego. Ambos fueron ligados a proceso.

El MP realizará un análisis balí­stico de las armas decomisadas en las que establecerá si los capturados participaron en la muerte de pilotos, comerciantes y vecinos del sector, para acusarlos de homicidio o asesinato, ya que sólo cuentan con declaraciones.

Generar polí­ticas

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y ex Ministro de Gobernación, opinó que el operativo en Canalitos envió a la población un mensaje de que continúan las acciones implementadas durante los primeros seis meses del Gobierno actual.

«Es una nueva manera de que el nuevo ministro está reposicionándose a nivel de medios para generar esa percepción de capacidad de tener acciones de disuasión», comentó Mérida.

Mérida no calificó el gasto como innecesario, pero expresó que las fuerzas de seguridad pública «deben madurar», y no sólo procurar la percepción de capacidad de mantenimiento del equilibrio en la seguridad.

«El nuevo ministro debe desprenderse de su anterior cargo y tiene que generar polí­ticas de alto nivel», subrayó Mérida y añadió que la presencia del MP resultó «positiva, ya que da a entender que hay una alianza interinstitucional».