Cuando se firmó la Constitución de la Unión Europea, el mundo vio con admiración el inicio de una comunidad de países cuyo sustento se encuentra en la paz, la cohesión social y territorial, el multilateralismo, y la cooperación y defensa de los derechos humanos. La gran mayoría de estos factores permanecen vigentes pero, los países latinoamericanos y la comunidad internacional, lamentan la reciente resolución migratoria del Parlamento Europeo cuyo contenido vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los ministros europeos del interior se equivocaron al analizar la migración laboral. Optaron por el cierre de fronteras y ni siquiera se plantearon una forma para regular la situación laboral de los «sin papeles», como se les denomina a los indocumentados en diversos países europeos. Este es el principal factor para aprobar la Directiva Retorno: se decidieron por medidas de fuerza y represivas para evitar la presencia de seres humanos procedentes, en especial, de América Latina, ífrica, Asia, y Europa del Este, cuyo objetivo es buscar mejores alternativas de vida. Al refrendar el Parlamento Europeo -sin enmiendas- esa polémica resolución, la cual no fue adoptada por unanimidad pues hubo 367 votos a favor, 206 en contra, y 109 abstenciones, entrará en vigor en 2010. En el fondo, se adopta un falso marco jurídico para expulsar a los «sin papeles».
El Parlamento Europeo ignoró el factor socioeconómico, político, y cultural, de la vida europea cuya existencia tiene su origen y desarrollo con diferentes flujos migratorios. La Unión Europea -cuyo indicador básico ha sido la defensa de los derechos humanos- ahora está de acuerdo, incluso, con expulsar a menores de edad solos, y no a sus lugares de origen sino a los países de donde salieron para llegar a Europa. Es difícil concebir que el tratamiento concerniente a adultos sea igual para niños, niñas y adolescentes. Los menores de edad necesitan protección especial y el Parlamento Europeo ignoró los convenios internacionales para la protección de menores, entre ellos, la Convención de los derechos del niño. Prevaleció una postura que rompió con cualquier criterio de modernidad. No tuvieron la capacidad de lograr una mejor comprensión de las realidades inmersas en la migración. Se inclinaron por desechar los vínculos entre migración y desarrollo y el trato justo que deben tener cualquier ser humano, sea documentado o no.
La unificación de una política migratoria para los países miembros de la Unión Europea -obligatoria para el cumplimiento de todos-, ha generado un rechazo internacional por considerarla discriminatoria. La implicación inmediata de esta realidad se encuentra en el hecho de que extranjeros «sin papeles» (actuar sin documentos no significa ausencia de derechos), pueden permanecer detenidos hasta año y medio en espera de una decisión de los jueces que, al final, será la expulsión o deportación. ¿Donde se encuentra la base jurídica del Parlamento Europeo para detener a una persona tanto tiempo? Nadie sabe en Europa cuál es la ley para establecer este criterio que afecta convenios internacionales firmados por esas naciones con relación a los derechos humanos. Además, no permite la entrada durante cinco años a personas expulsadas de cualquier país miembro de la Unión Europea.
Se trata de colocar a los migrantes indocumentados como autores de un delito que, en la actualidad, no existe en el orden jurídico de la Unión Europea. Cualquier persona con sentido común en América Latina puede preguntarse si esta negativa decisión ubica a los sectores más atrasados de la política europea. Y la respuesta es afirmativa. Es lamentable que la Unión Europea pretenda afrontar el futuro con una política que agrede a los seres humanos. Es un criterio inmerso en el retroceso social al pretender «criminalizar» la inmigración. Se están dando lo iniciales pasos para generar rencor.
Nadie puede estar en contra del derecho de un Estado a controlar sus fronteras. Pero una política migratoria no puede establecerse -en ninguna región del mundo- vulnerando los derechos de las personas, porque significa acercarse a posiciones racistas, actitudes xenofóbicas, y no cumplir con las expectativas de millones de hombres y mujeres en Europa con relación a la justicia. Asimismo, contradice y debilita los objetivos generales de la Unión Europea.
Los 27 gobiernos integrantes de la Unión Europea no escucharon a los países latinoamericanos y de otras partes del mundo quienes expresaron su desacuerdo por la adopción de medidas en contra de la migración indocumentada. La resolución europea no ayuda a mejorar las relaciones internacionales de los países del mundo pues coadyuva en la fragmentación social y crea resentimientos. No puede dejar de señalarse que los integrantes de la migración laboral en Europa llegan a ese continente y contribuyen a su dinamismo social y económico cubriendo ofertas de trabajo que los europeos no quieren o no pueden desarrollar. El apoyo de los migrantes ha sido positivo para las economías europeas. Por esta razón, una política migratoria restrictiva, como la que contiene la Directiva Retorno, afecta a los sectores más vulnerables como son los menores de edad y las mujeres.
América Latina y Europa se vinculan por lazos históricos y culturales. Este hecho señala la paradoja de la Unión Europea: impulsa políticas para lograr respeto a los derechos humanos en Latinoamérica y a la vez desarrolla normas con las cuales vulnera convenios internos e internacionales relativos a la preservación de los derechos de hombres y mujeres. De igual manera, la Unión Europea plantea alianzas estratégicas con los países de América Latina, pero crea las condiciones negativas para el trato con la migración laboral. Sólo el diálogo, la tolerancia y pluralidad, podrán revertir una decisión contraria a los valores de la comunidad internacional.