El controvertido proyecto del gobierno de Cristina Kirchner para aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y otros alimentos era debatido hoy en el Parlamento argentino bajo la amenaza de productores de volver a la huelga si es aprobado.
En trabajosas negociaciones de última hora el oficialismo logró anoche aprobar en comisión la iniciativa de Kirchner para su debate hoy en la Cámara de Diputados donde pese a ser mayoría, el peronismo se arriesgaba a una derrota.
El gobierno dio su venia para introducir compensaciones a pequeños productores de hasta 750 hectáreas de manera de hacer más digerible la iniciativa para los legisladores oficialistas de la rica Pampa Húmeda, reticentes a apoyarla a pie juntillas, cuando sus provincias son un hervidero de protestas.
Pero Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural, la entidad que agrupa a grandes terratenientes, amenazó hoy con volver al lock-out.
La huelga alteró durante cien días los embarques agropecuarios al exterior y devino en cortes de rutas con desabastecimiento de productos y combustible en todo el país en medio del creciente malhumor de la sociedad.
Si el proyecto «es ratificado (en Diputados) como quiere el Ejecutivo, hay muchísimas» posibilidades de volver a la huelga, aseguró Biolcati, amenaza que ratificó Pedro Snodek de CARBAP, la entidad que nuclea a los agroganaderos de Buenos Aires y La Pampa, corazón productivo del país.
«Habrá asambleas multitudinarias, protestas y cacerolazos, estamos defraudados, ojalá voten por sus representados y no por obediencia debida», dijo Snodek quien auguró impactos negativos en la producción de alimentos porque la discusión coincide con la temporada de siembra de varios granos, entre ellos el trigo, cuya exportación Argentina libera en cuentagotas.
La iniciativa oficial aumenta de 35% a 47% los impuestos a la exportación de soja y otros alimentos y establece que el gravamen seguirá las fluctuaciones del precio de cada producto en el mercado internacional donde se registran alzas récord.
Pequeños productores nucleados en la combativa Federación Agraria reclaman directamente la suspensión de la medida, que pese a ser sometida a discusiones en el Parlamento, rige desde marzo pasado, como prerrogativa del Ejecutivo.
Un fuerte operativo de seguridad rodeaba hoy la sede del Parlamento, escenario la última semana de protestas de productores que convocaron hoy para un cacerolazo de rechazo.
La presidenta utilizó varias veces la cadena nacional de radio y televisión para explicar que su gobierno intenta redistribuir la renta extraordinaria que recibe el campo, apoyado con políticas cambiarias que mantienen un dólar alto y combustibles a precios subsidiados.
Para ello anunció la creación de un Fondo especial que financiado por el aumento impositivo servirá para la construcción de escuelas rurales, caminos y hospitales.
Pese a todo su iniciativa cosechó resistencias incluso dentro de un sector del oficialismo que apoyado por el propio vicepresidente, Julio Cobos, impulsó un proyecto alternativo que será sometido a votación si la iniciativa de Kirchner recibe el rechazo de la Cámara baja.
Las calientes discusiones de última hora desnudaron la grieta política que abrió el debate dentro del propio gobierno.
Cobos es uno de los principales dirigentes del llamado Radicalismo «K», disidente de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) aliada al oficialismo en las presidenciales de 2007 donde Cristina Kirchner ganó con el 45,3% de los votos.