¿Y la reforma fiscal?


La reforma fiscal del Ejecutivo se desconoce en qué momento el Ejecutivo la enviará en el Legislativo. El tema pasó a segundo plano, no obstante, su importancia para financiar el gasto público el año entrante.

Hace precisamente 15 dí­as la Comisión Permanente del Congreso de la República, esperaba que el ministro de Finanzas Públicas, Alberto Fuentes Knight, presentara en nombre del Ejecutivo la propuesta de reforma fiscal que ese mismo dí­a anunciaron que se suspendí­a, pero que la presentarí­an dos dí­as después; sin embargo, el proyecto nunca llegó y a la fecha se ignora cuándo será enviado para su trámite que se cree será cuesta arriba, porque cada vez priva más entre las fuerzas polí­ticas representadas en el Organismo Legislativo el criterio de que es inconveniente por la desaceleración económica, que tiene a los guatemaltecos más empobrecidas, empujada principalmente por el precio del petróleo en los mercados internacionales que continúa su alza histórica, al dí­a de hoy US $145 dólares el barril.


En el Organismo Legislativo se cree que el Ejecutivo detuvo su trámite, por un lado, porque el proyecto no ha sido lo suficientemente discutido a nivel de partidos polí­ticos y tampoco con las élites empresariales y por otro, porque las relaciones del partido oficial con la principal fuerza polí­tica de oposición están deterioradas, toda vez que los patriotas están convencidos que la vinculación de su secretario general Otto Pérez Molina con los fondos depositados anómalamente del Legislativo en la Casa de Bolsa MDF son parte de una conspiración fraguada por el Superintendente de Bancos y el presidente Colom.

Después de conocerse el desví­o millonario (Q82.8 millones) que le costó el cargo por dos meses (quizá más tiempo, mientras se resuelve el antejuicio promovido en su contra) al presidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer, el Superintendente de Bancos denunció al Ministerio Público que el general Pérez Molina recibió más de Q600 mil de Mercados de Futuro e igualmente el ex presidente del Legislativo Rubén Darí­o Morales con una fuerte suma proveniente también de la misma fuente, lo cual agudizó la crisis en el Legislativo.

En ese contexto, el Ejecutivo dispuso dejar en stand by la propuesta fiscal, porque no obstante, es un tema de suma urgencia para el gobierno central (de su éxito depende financiar el gasto público del año entrante), calculó que ese no era el momento más propicio para formalizar su discusión en el Congreso de la República, ya que el repudio generalizado entre la población después de enterarse del jineteo de dichos fondos, estaba en su nivel más álgido, por un lado.

Por otro, los detractores de la reforma fiscal habí­an aprovechado la coyuntura para arreciar su ataque, descalificando cualquier iniciativa oficial en ese sentido, porque no podí­a justificársele a la población apretarse más el cinturón, mientras el Congreso de la República dilapidaba los recursos del Estado contratando a diestra y siniestra más asesores y arriesgando fondos públicos en inversiones a futuro a cambio de jugosas comisiones que ya habí­a cobrado el entonces secretario privado del doctor Meyer.

¿IETAAP se acaba?

La reforma fiscal tiene como propósito tapar el hoyo fiscal que dejará el Impuesto Extraordinario Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), puesto que es una promesa de campaña del presidente Colom no promover más su prórroga, quien también se ha habí­a comprometido a no promover ninguna reforma fiscal en su primer año de gobierno, lo cual efectivamente estarí­a cumpliendo, porque si el Congreso apruebe el proyecto fiscal, éste cobrarí­a vigencia de manera escalonada entre 2009 y 2011.

Mientras tanto, las necesidades de más recursos del Ejecutivo son latentes. Ayer, el pleno del Congreso de la República tramitó una iniciativa de ley suya, solicitando una ampliación presupuestaria de casi Q1,400 millones, de los cuales Q600 millones su fuente de financiamiento es endeudamiento externo. La comisión de Finanzas deberá abrir la discusión para conocer con certeza cuál es el destino que el Ejecutivo pretende darle a estos recursos.