El problema real no está en el procedimiento. Para nadie es un secreto que el cuestionado proceso de postulación para este y otros puestos, ha sido establecido para intentar establecer controles que permitan transparentar los procesos.

Que en algunos casos se haya cuestionado el resultado de las listas de postulados, debe interpretarse como que el sistema debe ser mejorado, que el proceso y la integración puede mejorarse, pero bajo ningún punto de vista debe ser una excusa para solicitar que se obvie una etapa que tiene harta importancia en la escogencia de las mejores personas para puestos que requieren de altos niveles de ejecución.

El Congreso legisla, el Gobierno central ejecuta y el Organismo Judicial imparte justicia aplicando la ley, según la norma conceptual de la estructura del Estado. ¿Qué nos espera en Guatemala si el ente encargado de la impartición de la justicia se rechaza a someterse al imperio de la ley? Ojalá el dí­a de mañana los argumentos que hoy esgrimen para justificar la no observancia de un ordenamiento legal, no sea utilizado en su contra cuando tengan que aplicarla en otros ámbitos.

En el caso especí­fico de los nombramientos a la Corte Centroamericana de Justicia no puede vedarse el derecho a las personas de participar para ser de los ocho integrantes de la lista de los que se elegirá a los dos titulares para los próximos diez años.

Sin embargo, como una muestra fiel del compromiso con la transparencia de quienes pegan el grito al cielo en pro de la independencia, les pedimos que renuncien públicamente a cualquier posibilidad de ser ellos mismos los electos, para que a esta discusión que ya no le faltan elementos para angustiar a cualquiera, no se vea empañada aún más por la ilegitimidad que otorga potenciales beneficios directos a quienes elijan. Solo falta que entre ellos mismos se elijan y luego concluido el perí­odo se receten una indemnización. Imagí­nese cobrarí­an por ser magistrados de la CSJ y por prestar sus servicios en la CCJ donde se embolsarí­an la bicoca de US $10 mil mensuales por largos diez años. Un retiro más que dorado.

Si algo tenemos de sobra en Guatemala es debilidad institucional. Puede aducirse que es por razones del pasado reciente de nuestro paí­s, por prácticas de quienes nos han gobernado en los diferentes organismos, etc., pero lo que no podemos aceptar es que sea de los mismos organismos que sufren la falta de institucionalidad que vengan las propuestas de saltarse los procesos.

Siempre hemos escuchado las crí­ticas hacia las comisiones de postulación. Sin embargo, este es el momento en que no se ha llevado a cabo una discusión seria que mejore el proceso en lugar de desvirtuar los intentos.