Las autoridades israelíes examinaban hoy la posibilidad de tomar represalias destruyendo las viviendas de autores de atentados en Jerusalén este, tras un ataque cometido la víspera con una excavadora que dejó tres muertos y unos 45 heridos.
El principio de una generalización de semejante sanción era discutido por el procurador general del Estado y los responsables políticos y militares involucrados, en conformidad con una solicitud del gobierno luego de este atentado.
«Hay que poner fin a los ataques terroristas perpetrados por los árabes de Jerusalén este. Si para eso debemos utilizar medios disuasivos o destruir casas, lo haremos», afirmó el primer ministro Ehud Olmert, citado hoy por el sitio internet del diario Yediot Aharonot.
En 2005, el general Moshe Yaalon, un ex jefe de estado mayor, había ordenado el fin de esta práctica, pues una comisión investigadora militar había llegado a la conclusión de que en lugar de ser disuasiva, conducía a los palestinos a perpetrar atentados.
«Luego de una solicitud del gobierno, el procurador general del Estado, Menahem Mazuz, examinaba hoy los problemas legales que plantearía la destrucción de casas en Jerusalén este», conquistada y anexada por Israel en 1967, indicó el portavoz del ministerio de Justicia, Moshe Cohen.
Esta fuente precisó que luego se presentarían recomendaciones al gobierno.
Según la radio pública, Olmert se reunió con el ministro de Defensa, Ehud Barak, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, después del atentado cometido ayer en el centro de Jerusalén.
Su autor, Hossam Dwayyat, de 30 años y padre de dos niños, vivía en Sur Baher, una aldea situada en Jerusalén este. Según el comandante en jefe de la policía israelí, Dudi Cohen, tenía antecedentes penales y probablemente actuó «en forma aislada», ya que no estaba vinculado a ninguna organización palestina armada.
Al ser interrogado por la radio pública, Benjamin Netanyahu, jefe del Likud (derecha), hizo un llamado a «utilizar un puño de hierro para castigar y reprimir la violencia y la incitación a la violencia de los terroristas venidos de Jerusalén este (…), incluyendo con ayuda de medidas legislativas disuasivas».
Las organizaciones de oposición de derecha tratan de promover seis proyectos de ley que prevén privar a las familias de terroristas de su ciudadanía israelí y de los derechos conexos.
Unos 250 mil palestinos viven en Jerusalén este y disponen de documentos de identidad israelíes que les otorgan diversas facilidades (libertad de circular en Israel, subsidios familiares y asistencia médica).
El 6 de marzo, otro palestino de Jerusalén este que dispone de ese documento de identidad abrió fuego contra un instituto de estudios talmúdicos de la Ciudad Santa, matando a quemarropa a ocho de sus estudiantes.
En esa oportunidad, Ehud Barak indicó que era «partidario de la demolición de la casa del autor de ese ataque», pero no insistió en que se tomasen medidas al respecto.
El número dos del gabinete, Haim Ramon, declaró a los periodistas que «sería justo que la casa del terrorista con la excavadora fuera destruida, pero eso no impedirá el siguiente atentado».
De acuerdo con Meir Margalit, portavoz del Comité contra las Destrucciones de Casas, esa medida, heredada de las leyes de emergencia del mandato británico sobre Palestina, constituye «un castigo colectivo».