La asignación de más recursos económicos para el Ejército Nacional fue justificada por el portavoz del Ministerio de la Defensa, Jorge Ortega. «Es necesario defender los derechos de los guatemaltecos».
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De acuerdo con el funcionario, es necesario dar cumplimiento a los acuerdos de Paz, que dan cuenta de la necesidad de incrementar el presupuesto de las milicias hasta alcanzar el equivalente del 0,66% del Producto Interno Bruto (PIB)
Actualmente la institución castrense cuenta con una asignación de Q935 millones, lo que representa el 0,33 por ciento del PIB.
«Estamos pidiendo lo que le corresponde a la cartera de Defensa con respecto al aporte económico para defender los derechos de los guatemaltecos», señaló Ortega.
Justificación
Ortega señala que las milicias necesitan más fondos para poder invertir en la capacitación de efectivos y en tecnología para el cumplimiento de sus deberes.
En cuanto al recurso humano, señala que es necesario indemnizar a algunos miembros del cuerpo militar, así como destinar más fondos para capacitar a los soldados y entrenarlos de acuerdo a los requerimientos del país.
Incluso se tiene contemplado que los soldados reciban instrucción en un segundo idioma, que puede ser inglés o francés, señala el funcionario.
A criterio de Ortega, también es necesario implementar nuevas tecnologías, ya que el quipo que se utiliza actualmente está descartado en el extranjero.
Con vehículos de la década de los «40, aviones de la Segunda Guerra Mundial y helicópteros del tiempo de la Guerra de Vietnam, el portavoz considera que no se puede capacitar a los soldados.
Oposición
Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos han mostrado su oposición al fortalecimiento de las milicias, y por el contrario, solicitan que se brinde un mayor aporte a la Policía Nacional Civil (PNC).
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), refiere que la inversión en el Ejército Nacional no representa beneficios sustanciales para la mayoría de la población.
Por el contrario, considera que el reordenamiento de las fuerzas castrenses y el debilitamiento de la organización civil puede ser nocivo para una sociedad de post-guerra.
Al igual que la ODHAG, organizaciones como Seguridad en Democracia, Fundación Myrna Mack, y Madres Angustiadas han hecho solicitudes explícitas a las autoridades de gobierno para efectuar una depuración de oficiales en la PNC y capacitar a los agentes que han cumplido con su deber.