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La cotización del petróleo a US$140 en el mercado internacional no fue motivo de sorpresa para miles de personas, hace un par de meses. Tampoco serí­a asombroso que al finalizar este año supere los US$180.

Los economistas constantemente revistan las condiciones del mercado, el clima de inversión de los paí­ses con economí­as importantes y sus proyecciones de crecimiento, entre otros indicadores, para determinar cuál será el comportamiento del petróleo.

Una sencilla ley, muy fácil de comprender, rige el precio de ese lí­quido negro y del resto de productos en una economí­a de libre mercado. Desde el precio de los dólares, hasta el de las frutas, televisores y todas las mercancí­as se rigen por la oferta y demanda.

El postulado refiere que, cuando se ofrece una mayor cantidad de productos de los que se requiere, el precio de un producto se reduce. En contraste, cuando las existencias de las mercancí­as son limitadas para satisfacer la demanda de los consumidores, su precio se incrementa. Todo ocurre sin al intervención de los gobiernos o las restricciones internacionales.

De esa forma, cuando en los paí­ses con economí­as emergentes de Asia incrementan su factura petrolera, la oferta del crudo se reduce y su precio global se incrementa.

Dilema

En Guatemala, la ley de oferta y demanda ha regido el mercado de forma categórica desde la instauración de la Reforma Liberal, cuando el presidente José Maria Orellana promulgó la reforma monetaria, hasta la actualidad.

A pesar de que el sistema ha sobrevivido a varios perí­odos polí­ticos y sociales, éste ha sido adversado por grupos que lo encuentran injusto y poco equitativo debido a las repercusiones que puede tener en condiciones de desigualdad.

En el actual perí­odo de inflación global ocasionada por el alza del petróleo, Susana Gauster, investigadora austriaca con 13 años de experiencia en productividad agraria y sistemas de mercado, recomienda detener al «implacable» sistema de mercado para buscar una nueva opción más justa que no contravenga los derechos humanos.

La oposición a este sistema económico tiene fundamento en las condiciones de desigualdad en las que deben competir los participantes del mercado.

«No se pude hablar de libre mercado cuando un campesino no tiene tierras ni herramientas para sembrar, mientras que un empresario tiene grandes fincas y gente a su disposición o cuando los gobiernos en el extranjero brindan ayuda a sus agricultores».

Intervención

A criterio de Gauster, el sistema de libre mercado ha demostrado tener consecuencias desastrosas en paí­ses como Guatemala; «resultado de ello se puede observar las diferencias en ingresos y capacidad de consumo que se traduce en hambrunas, epidemias y desamparo de los más pobres».

La propuesta de la experta está dirigida al equilibrio económico y social propiciado por los Estados, tomando en cuenta las necesidades básicas de las poblaciones que integran cada nación y respetando los derechos de los demás.

«El hecho de que hayamos tenido durante muchos años el mismo sistema y millones de personas lo avalen no nos hace suponer de que sea el correcto», refiere Gauster.

Por lo que propone un sistema en el cual, el Estado propicie la productividad de los grupos campesinos y cooperativistas, brindando el respaldo a través de subsidios y herramientas de fomento, comos seguros agrí­colas.

Esto provocarí­a que el paí­s fuera autosuficiente en la producción de alimentos y por consecuencia, la economí­a nacional no se verí­a afectada por los embates globales, señala.

Libertad

Manuel Ayau, académico de la Universidad Francisco Marroquí­n, define el mercado como «lo que ocurre cuando se protege la vida, la propiedad, y los contratos»

Asimismo, es defensor del libre comercio en su real dimensión, es decir, cuando existe un verdadero respeto por el mercado y éste es regido por un orden espontáneo que se basa en el respeto a los derechos humanos.

A diferencia de la propuesta planteada por Gauster, Ayau considera que el Gobierno no debe intervenir en el mercado o en los sistemas de protección, ya que esto altera el orden de la libertad y los convierte en métodos coercitivos para adecuarlos a un plan impuesto por una o un grupo de personas.

La propuesta de Ayau para que el sistema económico imperante permita el desarrollo social del paí­s, es alejar a las autoridades del libre comercio y permitir que éste funcione de forma espontánea.

«Lo ideal serí­a que se establecieran más empresas que necesitan mano de obra y así­ compitieran pujando salarios para arriba» señala el académico como una solución a la desigualdad en los ingresos de la población.

Perspectivas

En las actuales condiciones de mercado, surgen diversos enfoques sobre la forma en la que el Gobierno debe enfrentar la escalada global de los precios, sobre todo en los alimentos.

Carlos González, especialista financiero de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que el Estado no puede pasar inadvertido el fenómeno de los precios que están afectando a la población.

«Se puede aprovechar las herramientas financieras para fomentar la productividad en épocas de crisis pero tienen que ser temporales y bien planificadas», indicó.

El especialista aclara que el libre mercado, regido por la oferta y demanda, es un sistema necesario en el marco de una economí­a globalizada; sin embargo se deben considerar aspectos especí­ficos y reglas claras.

«Los monopolios en la producción o comercialización de bienes y servicios es un distorsionante del mercado, por lo que se requiere reglas de comercio justo que equiparen las condiciones de competencia para las micro, pequeñas y medianas empresas y los grandes consorcios», recalcó González.

Un cambio es necesario, coinciden los analistas, ya que hasta ahora no se han visto los resultados de un sistema claro y transparente, que permita el bienestar colectivo y asegure el respeto de los derechos humanos.