El parlamento del País Vasco (norte de España) aprobó hoy la celebración de un referéndum en octubre, primera parte de un plan del gobierno nacionalista sobre el futuro político de esta región que incluye otra consulta, ambas consideradas ilegales por el ejecutivo socialista español.
La consulta que promueve el presidente del gobierno vasco, el lehendakari Juan José Ibarretxe, fue aprobada por 34 votos emitidos por los parlamentarios de los partidos que forman el ejecutivo regional, los nacionalistas PNV, EA y EB, y por los independentistas Aralar y PCTV.
En contra votaron 33 parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el Partido Popular (PP, conservador), y hubo 7 abstenciones.
La consulta prevista en octubre es «legal» y «democrática», insistió Ibarretxe en la cámara vasca, donde aseguró que «dar la palabra al pueblo» es «un ejercicio de responsabilidad democrática» y que el camino del pueblo vasco para conseguir su derecho a decidir «no tiene marcha atrás».
Ibarretxe propone este referéndum dentro de un plan para que los ciudadanos del País Vasco decidan su futuro político que incluye otra consulta en 2010.
En la primera, el lehendakari prevé pedir el apoyo para que los partidos políticos vascos negocien un acuerdo que sería aprobado en 2010.
El plan nacionalista incluye que el gobierno español acepte las decisiones que tome la región sobre su futuro, que se reconozca la identidad nacional vasca y de la llamada Euskal Herria –que incluiría el actual País Vasco, Navarra y el País Vasco francés– y la creación de un órgano institucional común para el País Vasco y la región de Navarra.
Asimismo defiende el diálogo con la organización independentista armada vasca ETA, que en 40 años de lucha en favor de la independencia de la región ha matado a 823 personas, «si previamente ETA manifiesta su voluntad de forma inequívoca de poner fin para siempre a la violencia», según una de las preguntas del referéndum.
Después de una tregua de algo más de un año en 2006 y 2007 en la que el gobierno socialista español intentó sin éxito negociar que dejara las armas, ETA reanudó sus atentados y desde entonces ha matado a cuatro personas.
El gobierno está en contra del referéndum porque estima inconstitucional la celebración de consultas regionales sin la autorización del Estado, y ha anunciado que lo recurrirá.
«El mismo día en que se publique oficialmente la decisión (…) el gobierno de España iniciará los trámites para la impugnación mediante la interposición del recurso (…) ante el Tribunal Constitucional», advirtió hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
Pero el ejecutivo español sí está a favor de que el País Vasco incremente sus competencias regionales ampliando su actual estatuto de autonomía, el Estatuto de Gernika, al igual que han hecho en los últimos cuatro años varias regiones españolas.
La consulta fue aprobada con el voto de la parlamentaria del Partido Comunista de las Tierra Vascas (PCTV), cuyas actividades suspendió la justicia española en febrero por sus vínculos con el partido Batasuna, brazo político de ETA ilegal desde 2003.
Socialistas y conservadores denunciaron que el referéndum «divide» a la población vasca.
De hecho, según el último sondeo del Euskobarómetro, publicado a mediados de junio, sólo un 24% defiende la propuesta de Ibarretxe, quien por otro lado ya presentó en 2005 una propuesta de autogobierno que fue rechazada por el Congreso español.
«Usted nunca ha convocado a los partidos políticos a una mesa para hablar y definir el futuro de este país», lamentó el líder socialista vasco, Patxi López, que le acusó de que «nunca le ha importado la estabilidad de Euskadi» y sí «mantenerse en el poder».
El Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado) de Ibarretxe podría perder la mayoría en las próximas elecciones regionales, en 2009, en favor de los socialistas, los más votados en la región el 9 de marzo en las elecciones legislativas españolas.
El gobierno español advirtió hoy que recurrirá la decisión de celebrar un referéndum en el País Vasco (norte) en cuanto sea publicada oficialmente, declaró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
«El mismo día en que se publique oficialmente la decisión hoy adoptada (…) el gobierno de España iniciará los trámites para la impugnación mediante la interposición del recurso correspondiente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional», anunció en conferencia de prensa.
«No tardaremos ni un día en poner en marcha el mecanismo. Es obligación del gobierno cumplir y hacer cumplir la Constitución», aseguró De la Vega, que advirtió que «no caben desafíos a las normas del Estado de derecho».
De la Vega hizo estas declaraciones después que el parlamento del País Vasco aprobó la celebración de un referéndum en octubre, primera parte de un plan del gobierno nacionalista sobre el futuro político de esta región que incluye otra consulta.
El gobierno considera ilegal la celebración de esta consulta porque la Constitución no permite organizar referendos regionales sin autorización del Estado.