Un año después de lograr su sueño de asumir el poder, la popularidad del primer ministro británico, Gordon Brown, está por los suelos, su futuro político es incierto y la economía está en aprietos.
Hace 12 meses, Brown era calificado por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, como el «mejor ministro de Finanzas del último siglo».
Pero, tras una brevísima luna de miel, después de llegar el 27 de junio pasado al frente del gobierno, la capacidad de Gordon Brown como «gestor económico» y como líder político es impugnada, incluso, dentro su propio partido laborista.
Si se toma en cuenta el veredicto popular, Brown tendrá muy poco que celebrar el viernes, cuando cumple un año de haber remplazado a Tony Blair en Downing Street.
Un sondeo publicado el pasado fin de semana por el Daily Telegraph sitúa a los laboristas 16 puntos por detrás de los conservadores de David Cameron, que cuentan, según esa encuesta, con un respaldo de 42% de las intenciones de voto, frente al 26% para el partido de Brown.
Y un sondeo publicado el miércoles por el diario The Guardian da a los conservadores un avance de 20 puntos sobre los laboristas, lo que constituye el resultado más sombrío para el partido en el poder en un cuarto de siglo.
Según ese sondeo, 49% de los británicos indican que la imagen que tenían de Brown ha caído durante estos 12 meses, comparado con un 3% que dicen que ha mejorado.
El sondeo de The Guardian señala también que sólo un 19% de los que votaron por los laboristas en el 2005 piensa que el estilo de Brown es mejor que el de Blair, que dejó Downing Street desprestigiado por su estrecha alianza con Estados Unidos en Irak.
En cambio, cuando Brown asumió el gobierno, un 40% de los británicos daba su aprobación al partido en el poder.
Brown no ha tenido suerte en el plano económico: su llegada a Downing Street coincidió con la crisis de crédito en Estados Unidos, que repercutió en el Reino Unido, y con el alza del precio del petróleo, que provocó un dramático encarecimiento de las facturas del gas y electricidad, contribuyendo además al fuerte aumento de los precios de los víveres.
En su primer año en Downing Street, el país ha vivido una crisis en la vivienda, quizá la más aguda en la historia reciente del Reino Unido, y una crisis bancaria, la del banco Northern Rock, arrastrado por la crisis de crédito.
La inflación se acerca a un 4%, el doble de lo previsto, lo que ha contribuido a desencadenar una serie de huelgas: policías, maestros y enfermeras se han ido a las calles para reclamar alzas de salarios.
La semana pasada, fueron los transportistas quienes bloquearon las carreteras británicas, exigiendo una reducción del impuesto de la gasolina. Y a mediados de julio, los trabajadores del sector público se movilizarán para exigir aumentos salariales.
Todo esto ha dado lugar a cuestionamientos respecto a la capacidad de Brown para administrar la economía, lo que, paradójicamente, era considerado su punto fuerte, cuando estuvo una década al frente de las finanzas del país.
Aunque el gobierno atribuye los aprietos económicos al contexto global, según el sondeo de The Guardian, un 86% de los votantes acusa al gobierno de ser total o parcialmente responsable de la incertidumbre económica.
Estas dificultades son terreno propico para rebeldías internas, como se comprobó cuando diputados laboristas amenazaron con un motín por una reforma fiscal que golpeaba a los británicos con menores recursos, lo que obligó a Brown a dar marcha atrás.
Hace unas semanas, el gobierno se salvó por muy poco de sufrir una humillante derrota, al lograr adoptar, por estrecha minoría, una polémica ley aumentando a 42 días el periodo de detención sin juicio a sospechosos de terrorismo.
Según la prensa británica, el malestar entre los laboristas hacia Brown es tan abierto que numerosos diputados se interrogan abiertamente sobre si el premier británico podrá ganar las próximas legislativas, que se celebrarán a más tardar en mayo del 2010.
«La cuestión no es saber si (Brown) va a partir de manera prematura, sino más bien cuándo, y cómo», escribió el comentarista John Rentoul en las páginas del diario Independent (centroizquierda).
La justicia británica respaldó la ratificación del tratado europeo por vía parlamentaria y no por referéndum, al rechazar el miércoles el recurso de un millonario conservador, Stuart Wheller, para que el documento fuera sometido a una consulta popular.
El Reino Unido podrá ahora culminar el proceso de ratificación del Tratado de Europa, luego de que un juez del Alto Tribunal de Londres rechazara el recurso presentado por el empresario de 73 años para que el documento fuese sometido a referéndum, en vez de limitarse a la vía parlamentaria.
Wheller, quien ha dado cuantiosas donaciones al Partido Conservador, basó su recurso judicial en la promesa del Partido Laborista (en el poder) de organizar un referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea, que quedó en letra muerta al ser rechazado en 2005 en sendos referéndums en Francia y Holanda.
El empresario alegó que el Tratado de Lisboa era en el fondo igual al proyecto de Constitución Europea que debía ser objeto de un referéndum en el Reino Unido. Esa consulta no se llegó a celebrar, tras el «no» de franceses y holandeses.