El licenciado Bauer Paiz escribía, en su artículo de ayer, acerca del nacimiento del Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad y añadía las razones para ello. Y es que, a propósito de soberanía es necesario puntualizar que ella, por lo menos hasta hoy, es prácticamente nula. Y viene al caso, porque el tema de la Iniciativa Mérida, (porque sintieron que llamarle Plan México, lo que de verdad es, era muy choteado), es un tema que atañe directamente a lo que debiera ser la defensa de la soberanía nacional. Por ello, cuando en forma irreflexiva, o totalmente entreguista, el señor Vicepresidente tiene la ocurrencia de declarar que «no conoce el contenido de dicho plan, pero que está de acuerdo, comete un absoluto acto de irresponsabilidad.
Y es que, a pesar de que no se ha dicho mucho al respecto, los centavos que están ofrecidos para el diseño de una política de combate al narcotráfico, no solamente incluyen «contratistas» responsables de operaciones de inteligencia (como en Irak, para lavarle la cara a las ya choteadas NED y CIA), sino que una risible suma comparada con las que mueven los señores de la droga, que representa el segundo o tercer volumen de comercio mundial, junto al petróleo y las armas. La utilización de las Fuerzas Armadas (que actualmente más parecen desarmadas), como pivote de la lucha contra el narcotráfico, sigue el modelo del presidente Calderón en México, en donde el rechazo de miembros del Congreso y del Senado a los términos del Plan, obligó a Washington a «esconder la mano». Y es que, el apoyo electrónico, satelital y aéreo depende del Comando Sur del Ejercito de los Estados Unidos. De tal manera, que sus fuerzas armadas, abierta o encubiertamente se instalan política y militarmente en una región que tiene importantes recursos petroleros, de reserva vegetal, acuífera y de minerales estratégicos.
Detrás de él, la indiscutible preocupación de la administración Bush y de los Estados Unidos, por el gradual crecimiento del sentido de rescate de la soberanía que ha proliferado en el sur de América y las políticas de integración cada vez más definidas representan, prácticamente, el que las transnacionales que actualmente explotan los recursos naturales (especialmente mineros y de materiales estratégicos), ya no puedan explotarlos con la absoluta libertad acostumbrada para saquearlos, (como en nuestro caso), sino bajo condiciones económicas que privilegian el interés y el beneficio nacional.
Los movimientos sociales y nacionalistas antes citados, dejan aislado al Plan Colombia, limitando prácticamente a la región desde México hasta ese país (con exclusión de Nicaragua), como el remanente de influencia de los Estados Unidos en la región, en la que además preocupa la posible ganancia del FMLN en El Salvador. La pérdida de la Base Militar de Manta, en donde el presidente Correa declarara que no seria prolongado el plazo de concesión, aumenta los problemas de Washington con relación a la América Latina. La solución encontrada, representa a su vez una delicada decisión al situar en la Guajira colombiana, muy cerca de la venezolana, el lugar escogido para la nueva Base Militar, hecho que es delicado en sí mismo y que podría prender la chispa de las tensas relaciones entre los dos países, lo que encendería la región desactivando cualquier logro integracionista alcanzado hasta hoy.
En el caso nuestro en Guatemala, el plan no solamente reafirma la presencia militar y política estadounidense, sino en un momento en el que el país pareciera encaminarse directamente a un estado de ingobernabilidad, producto de la incapacidad del gobierno de dar respuestas a la cada vez más difícil situación económica de la mayoría de la población, la que daría la excusa a las fuerzas internacionales a intervenir bajo el postulado de que «la acción multilateral, cuidadosamente considerada para proteger los derechos humanos fundamentales, no es intervención, sino obligación internacional».
La trascendencia pues de las declaraciones del Vicepresidente, deja mal parada a nuestra ya maltrecha soberanía.