El estado de excepción, como su nombre lo indica, es un recurso extraordinario que contempla la Ley de Orden Público para que en condiciones muy especiales el Estado pueda actuar sin el respeto a las garantías constitucionales normales en aras del interés general que se pueda ver afectado en forma desproporcionada. Desde ese punto de vista, el crimen cometido el fin de semana por pobladores de San Juan Sacatepéquez y la resistencia a permitir el ingreso de la autoridad pueden considerarse motivos suficientes para la suspensión de las garantías que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, pero hay que entender que se trata de una medida estrictamente temporal que no resuelve el problema.
En efecto, lo que se puede hacer en la vigencia del estado de excepción es eminentemente represivo y la historia es pródiga para mostrarnos que no es con represión como se resuelven los problemas. En el caso de la cementera es obvio que no ha existido un adecuado esfuerzo de comunicación con los pobladores porque, con o sin razón, la población resiente que esa inversión vaya a causarles perjuicios serios y nadie se ha preocupado por sacarlos del error si es que realmente existe tal error.
Desde el gobierno anterior se tomó el camino de criminalizar la protesta social y se llegó al colmo de que el Ministerio Público acusó de terroristas a los que se oponían a la instalación de la fábrica de cemento. Creemos que es importante enmarcar todas las actuaciones en la ley, pero eso se aplica no sólo a los ciudadanos sino a las autoridades que no pueden tener esos raseros tan distintos para actuar cuando lo hacen defendiendo intereses empresariales, lo que contrasta con la pasividad cuando se trata de proteger a la población de cualquier forma de crimen.
El mismo conflicto armado que sufrimos los guatemaltecos tuvo orígenes que, guardando las distancias, podemos considerar similares porque cuando la gente quiso protestar y se cerraron los espacios democráticos porque se usó la represión indiscriminada, no les dejaron otro recurso que el de la sublevación. Es importante entender que debe haber una adecuada proporción de la respuesta del Estado a la protesta social y si bien el crimen del fin de semana obligó a actuar de manera enérgica, debemos entender que el problema subsiste y que el malestar no desaparecerá por la captura de más de cuarenta dirigentes, sino todo lo contrario.
Es importante, pues, que el Gobierno implemente mecanismos de diálogo con la población para buscar soluciones adecuadas a un conflicto en el que se ha llegado a extremos de un lado y de otro porque si bien los pobladores rebasaron todo límite al cometer un asesinato, no debemos obviar las circunstancias que desataron los resquemores actuales.