La semana pasada escribí que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) había sido inadecuadamente concebido por el Congreso, al negarnos la participación directa en dicho ente ejecutivo, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores se aprestaba a darle mal inicio con normas antojadizas para la elección de nuestros representantes ante el consejo asesor. Decía que aún había tiempo para enmendar el entuerto. Había tiempo; pero no hubo voluntad política, dando un portazo a la gran mayoría de organizaciones guatemaltecas en Estados Unidos.
La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) plantea la nulidad del proceso completo de elecciones, por ser discriminatorio –se establecen organizaciones con derechos y organizaciones marginadas– y violatorio de la soberanía guatemalteca, al pedirse el cumplimiento de legislación estadounidense para participar en dicho proceso. Por ello, y al violar también el derecho de elegir y ser electo, sin discriminación alguna, es igualmente inconstitucional. Además, en su apresuramiento por implementar el proceso, el Ministerio violó la propia ley de Conamigua, al haber procedido a la elección de representantes en Washington, que no constituye «Consulado General» sino solamente «Sección Consular»
En el caso de Nueva York, en donde, a la convocatoria de la Cónsul, nos solemos reunir representantes de más de 30 organizaciones, no llegaron a cinco las que propusieron candidatos y eligieron. Las demás fueron consideradas «indocumentadas» e «ilegales» o, solidariamente, decidieron no participar. Se marginó así a la mayoría de organizaciones, que siempre han respondido ante las tragedias en Guatemala, han impulsado el TPS y enaltecen el nombre de Guatemala en la región correspondiente. Sabemos de problemas semejantes en Washington, Los íngeles y Chicago. En San Francisco, el Grupo Quetzal, que aportó a la paz en Guatemala, ni siquiera fue informado del proceso. Una vez más, se niega la democracia, para favorecer intereses particulares o mantener la intransigencia.
Al rechazar este viciado proceso, me atrevo a pedir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, MENAMIG y Congreso, que, en cumplimiento de sus funciones, asuman nuestra demanda de nulidad del proceso. No queremos que este asunto se lleve, innecesariamente, ante la Corte de Constitucionalidad. De mantenerse la inflexible posición del Ministerio, no solamente se nos obliga a plantear un recurso de inconstitucionalidad sino que, en forma poco inteligente, este Gobierno colocara en la oposición a la mayoría de las organizaciones guatemaltecas en el exterior. Una vez más, con menos de 6 meses de gestión, reitero que aún es tiempo de que el gobierno del presidente Colom cambie de rumbo.