La preocupación que manifiesta hoy en esta edición la diputada Nineth Montenegro respecto a la posibilidad de que el malestar popular se manifieste en diversas formas contra todos los diputados es muestra de que se están escuchando pasos de animal grande y que los únicos que parecen no entender la dimensión del problema y sus graves implicaciones son cabalmente los diputados al Congreso de la República que siguen con sus particulares agendas contrarias a la corriente de opinión pública.
En efecto, envueltos en dimes y diretes llegan al extremo de afirmar que se abandona cualquier agenda de interés nacional para reducir la actuación en el Congreso a una «férrea oposición», lo que confirma la percepción ciudadana de que los diputados no tienen interés en actuar realmente en bien de sus representados.
Creemos que el futuro de la institucionalidad está en manos de los representantes al Congreso de la República porque sólo en la medida en que asuman papeles responsables en el manejo de las cuestiones parlamentarias se podrá suponer que vaya aplacándose el clamor popular que ya es muy fuerte en contra del Organismo Legislativo que de máxima expresión de la representación popular ha caído en la máxima expresión de la frustración popular.
Cada día el Congreso ofrece nuevas razones y motivos de escándalo porque sus integrantes no se detienen a entender por un momento que son ellos los causantes del descalabro. Buscan culpables entre los críticos, pero todos los señalamientos que se hacen tienen fundamento en las actuaciones del conjunto de diputados o de los más destacados de ellos cuya actuación ha terminado por ser tan poco edificante.
Los guatemaltecos estamos exigiendo a los diputados que asuman un papel de responsabilidad histórica para preservar la institucionalidad del país, pero lejos de entenderlo así, ahora los vemos jugando con cuestiones como la misma Ley de Acceso a la Información, tema en el que están palanganeando porque no quieren aceptar el escrutinio público. Y la ley no hace sino regular un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, pero lamentablemente para muchos diputados y especialmente para algunas bancadas, esa ley es como la soga en casa del ahorcado porque les obligaría a abrir cuentas e informaciones que sistemáticamente se han negado a dar.
El capítulo de la crisis en el Legislativo no ha terminado y apenas estamos presenciando los primeros escarceos de la misma. Por ello es que vemos que si los diputados reculan ahora para revisar sus actuaciones y enmendar procedimientos, podrían salvar la institucionalidad democrática. Pero si, ciegamente, se empecinan en su torpe actitud de burla a los intereses de la población, serán ellos los sepultureros de su propio mandato.