Basta con ver las tesis de los graduandos de derecho para darse cuenta del nivel en el que se encuentra la investigación científica en las facultades de derecho de las universidades del país. Pareciera que todo estuviera planeado para preparar tramitadores y no juristas. En primer lugar, el estudiante no recibe una formación profundamente científica en la que se le obligue a cuestionarse sobre su vocación a la justicia. En segundo lugar, los cursos de investigación que se imparten están orientados a cumplir con una serie de requisitos propios de metodologías obsoletas y ello redunda en el desaliento por parte del estudiante que tenga interés en hacer ciencia jurídica. Y en tercer lugar, derivado de lo anterior, no existe una autonomía investigativa, al estudiante pendiente de tesis se le dice que es lo que tiene qué investigar, su escasa producción es sometida a rigurosos procesos casi burocráticos para que su iniciativa sea aprobada.
Pareciera que todo ello fuera parte de un sistema en el que las encargadas de ventanillas cobran cierto protagonismo. Considero de vital importancia el hecho de resignificar el valor que tiene la investigación científica en las universidades, la investigación constituye ciencia y la ciencia apunta hacia el progreso y el desarrollo de una sociedad, una universidad que no investiga, no es universidad, un abogado que no investiga, es un tramitador y no un jurista. Por ello, es pertinente que se revisen los cursos y las metodologías de investigación en las facultades de derecho, no es posible seguir en ese atolladero de requisitos estúpidos (consejeros, perfiles, anteproyectos) que restan valor a diseños de investigación que muchas veces contienen verdaderas propuestas que se pierden en ese vaivén sin sentido. Creo que se debe dar valor a la investigación como el arte que es y darle la libertad que se merece como tal.