Buen negocio, mal servicio


«Estamos tirando el dinero a los bolsillos de los empresarios del transporte urbano.»

Eduardo Velásquez, Director del CEUR

Ricardo Marroquí­n
rmarroquin@lahora.com.gt

Para la mayorí­a de la población guatemalteca que reside, trabaja, estudia o realiza cualquier tipo de actividades en el írea Metropolitana de la Ciudad de Guatemala (AMCG) la utilización del sistema de transporte público resulta todo un reto a la paciencia y a la tolerancia.

Investigaciones del Centro de Estudios Urbanos (CEUR) de la USAC nos revelan de manera concreta cuál es la situación. Del año 1927, cuando se inició el servicio de transporte colectivo, a la fecha, el área metropolitana presenta una significativa escalada demográfica. Se estima que para finales de este año, el AMCG albergará a más de 3 millones 100 mil habitantes, es decir que Guatemala cuenta ya con una ciudad de masas, con la necesidad prioritaria de contar con un sistema de buses urbanos acorde a esta nueva situación.

No se necesita de mucha pericia cientí­fica para darse cuenta que el actual servicio de transporte, en manos de empresarios, es un buen ejemplo del total fracaso. Al hacer las cuentas del dinero que el Estado ha invertido durante las dos últimas décadas a través del subsidio, y luego de darse una vuelta en una de las unidades de transporte de la colonia San Rafael I a la Municipalidad Capitalina, por ejemplo, queda demostrado el anterior argumento.

Los problemas que se reportan son múltiples. El CEUR estimó que, si cada habitante del área metropolitana realiza dos viajes pendulares de su lugar de vivienda al de trabajo, cada dí­a se realizan alrededor de 6 millones de viajes diarios. Sin embargo, los autobuses y microbuses suman un poco más de 19 mil unidades y transportan al 68% de la población; el 32% restante lo hace en los cerca de 700 mil vehí­culos particulares registrados, lo que ocasiona congestionamientos y desorden vial, sobre todo a las horas pico, en puntos de acceso y egreso de la Ciudad y calzadas principales.

Además, las pocas unidades que se encuentran disponibles para la movilización de la mayorí­a de la población ofrecen un pésimo servicio. ¿Quién puede negar el maltrato a los ciudadanos por parte choferes y ayudantes sin ningún tipo de capacitación en atención al público? ¿Acaso no significa un atentado para los pasajeros la pelea del pasaje, las paradas en cualquier lugar, y las unidades bien llamadas «cafeteras»?

Es acertada la propuesta del CEUR: es indispensable implementar un servicio de transporte público, y no privado, con ví­as exclusivas, de gran capacidad, que posibilite la reducción de costos, que ofrezca un buen trato a los usuarios, y que garantice un mejor sistema de cobro y fiscalización. De lo contrario, seguiremos el juego de los empresarios del transporte urbano, que al final de cuentas son los únicos que salen ganando.