A lo largo de los últimos 20 años, los pueblos indígenas de Guatemala han planteado al Estado formas particulares de enseñanza que recojan y tengan presente aspectos de su cultura, un derecho humano que se refiere a la igualdad entre iguales, pero también al derecho de todo guatemalteco de conocer las formas culturales e idiomáticas del país, manifestó el Defensor de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Martín Sacalxot.
Indicó que el sistema educativo tiene una importante contribución a la construcción de la identidad nacional, a la unidad de país, si esta incorpora su rica diversidad sin perjuicio alguno respecto a los pueblos indígenas. La importancia de esta educación radica principalmente en el compartir los conocimientos por medio de la lengua materna de cada individuo.
La Constitución Política de Guatemala, contempla la educación bilingí¼e entre los derechos sociales, indicó. Asimismo, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece en su artículo 28 que debe enseñarse a leer y a escribir a los niños de los pueblos indígenas en su propia lengua, para lo cual se deberá adoptar todas las medidas correspondientes para dicho objetivo.
Los cambios que los gobiernos guatemaltecos vienen impulsando, en los últimos seis años y principalmente las medidas actuales, relacionadas con la educación bilingí¼e, presentan serias dificultades y tropiezos a este derecho -resaltó Martín Sacalxot- que si bien, en principio no se encuentra definido de esa manera, esa enseñanza presenta rasgos fuertes de estar dentro de un modelo de castellanización.
El haber reducido la enseñanza bilingí¼e hasta el tercer grado, es un signo de castellanización, para que el alumno de ascendencia maya comprenda y aprenda el idioma español y después pueda olvidarse de su propio idioma.
Recientemente, el Ministerio de Educación llevó a cabo la convocatoria a plazas para maestros, en 42 municipios, de los 1,500 mentores, únicamente 50 de ellos son bilingí¼es, con esa asignación no se está tomando en cuenta que la población de esas provincias son zonas indígenas, por encima del 90 por ciento.
Asimismo, dentro la convocatoria de las 4,500 plazas hecha a los educadores para toda la República sólo 900 de ellas es para alumnos que no hablan castellano. Sacalxot reiteró que no hay justificación alguna para que el Estado incumpla con este deber constitucional de facilitar la educación bilingí¼e.
También explicó por que algunos padres de familia de descendencia maya se oponen a la educación bilingí¼e para sus hijos, pero esa actitud tiene su explicación histórica en más de un aspecto, entre los cuales mencionó: Que es común reconocer que los pueblos oriundos tienen un dialecto, lengua en sentido peyorativo o lenguas vernáculas y no un idioma; se les reconoce sus artesanías como tales, pero difícilmente como obras de arte.
Se les achaca que no tienen religión o espiritualidad, sino brujería o hechicería. Dentro de este contexto se ha socavado la autoestima de los pueblos mayas. Ahora, el pretender consultarles si desean o no la educación bilingí¼e resulta una grave irresponsabilidad estatal, pues no se hizo la consulta si querían o no que se generalizara la enseñanza del idioma inglés.
Los guatemaltecos son capaces de hablar y escribir tres o cuatro idiomas, quienes saben hablar un idioma nativo -por ejemplo- sólo requieren de diez horas para poder escribir lo básico y fundamental. Es tan sólo un asunto de compromiso social, un deseo y una convicción de desbloqueo de la discapacidad cultural que se necesita, para gozar de este derecho a plenitud de una gran mayoría.