La reciente reunión entre ílvaro Colom, presidente de la República y John Dimitri Negroponte, subsecretario de Estado de los Estados Unidos; para el establecimiento de acuerdos de cooperación relacionados con el combate al narcotráfico a través de la implementación del Plan Mérida en Guatemala provocó diversas reacciones.
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Aunque el propio Negroponte dijo que: «la Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico no será una imposición a los países centroamericanos y México», ¿podría Guatemala rechazar la «ayuda» económica y la colaboración estadounidense?
La visita del Subsecretario de Estado de EE.UU. dejó, entre otros mensajes, que la «propuesta» avanza con el apoyo de Centroamérica y a pesar del desacuerdo de México con los términos del Plan en último momento.
Análisis
Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), refirió que el Plan Mérida «tiene la característica de reflejar la implementación de toda la doctrina y política de los EE.UU. en Centroamérica», y agregó que éste sólo pretende fortalecer la agenda de seguridad del país del Norte y no las de México y los países centroamericanos.
Asturias explicó que las políticas de seguridad estadounidenses difieren de las de otros países, ya que «para ellos los problemas de seguridad tienen que ver con el equivalente del terrorismo y migrantes, por lo que es más una acción de intervención que de colaboración», enfatizó el analista.
Para el entrevistado el referido plan es un «complemento de los planes Maya Jaguar y Nuevos Horizontes, así como una adaptación del Plan Colombia para Guatemala».
«Relaciones importantes»
Mario Mérida, analista en temas de seguridad, calificó como «importantes las relaciones que la iniciativa implicaría: «involucra a Centroamérica, México y EE.UU. y considero que esa relación es importante en cuanto al banco de datos e información que pueden obtener los países involucrados», explicó.
El entrevistado agregó que Guatemala puede pelear un mejor apoyo financiero, ya que es la tercera frontera virtual de EE.UU. con México y Canadá, además que el país afronta en su territorio «las amenazas del narcotráfico que afectan los intereses norteamericanos por la demanda de mercado que existe y la estadía temporal de los cárteles de la droga», subrayó.
Mérida manifestó que Guatemala es un país que ha estado, en los últimos ocho años, «en el umbral del Estado fallido, con una justicia que no funciona el 100 por ciento y con muchos problemas sociales no se puede dar el lujo de asignar demasiados recursos a la lucha contra el narcotráfico», indicó.
Sociedad Civil
Luis Lara, miembro del Frente Nacional de Lucha (FNL), confirmó el rechazo que una serie de organizaciones sociales manifiestan a la intervención estadounidense a través del referido plan.
«Consideramos que es una intervención directa que violenta la soberanía nacional. Estamos de acuerdo con los niveles de cooperación para combatir el narcotráfico, pero con más respeto», enfatizó el activista social.
Lara explicó que el rechazo a esa iniciativa por parte del FNL se debe a que la misma carece de niveles de información y no contempla efectos además de políticos, sociales y que el plan se elabora «a espaldas del pueblo» y que «en la democracia el pueblo es el fundamental en ese tipo de decisiones».
Percepción oficial
Rafael Espada, vicepresidente de la República calificó la iniciativa Mérida como «congruente, inteligente, factible y necesaria». Aunque posteriormente indicó que ésta debe ser analizada, ya que implicaría reformas a la legislación nacional.
Pedro García Tobar, director del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), vio con buenos ojos la implementación del citado plan: «yo lo veo bien porque es un plan que va a contrarrestar el crimen organizado y el narcotráfico», manifestó.
García Tobar añadió que en Guatemala hay capacidad y voluntad para el combate al narcotráfico pero que se necesita infraestructura y capacitación.
Finalmente el entrevistado refirió que consideró que el apoyo internacional aumentaría los resultados que el SAIA ha conseguido a la fecha.
En 1998 se estableció en el país el plan «Maya Jaguar». De forma adicional, en el 2003, se aprobó el programa «Nuevos Horizontes», por medio del cual militares estadounidenses tienen luz verde para ingresar al territorio guatemalteco y participar en la ejecución de algunos programas de infraestructura. El decreto establece que en cada operación antinarcótica no podrán ingresar en el país más de 99 militares de EE.UU.
El 6 de diciembre de 2005, el Congreso de la República amplió el plan Maya Jaguar hasta este año, argumentando que con dicho plan se ayudaría a combatir el narcotráfico.
Los arriba entrevistados coincidieron en que los anteriores planes para el combate al narcotráfico implementado por EE.UU. no han dado resultados positivos en el país.
El consultado por el FNL refirió que el plan Maya Jaguar sólo ha favorecido a grupos élites y no ha dejado resultados como país: «actualmente sólo existen indicadores más altos de violencia y crimen organizado», relató.
El analista del CEG señaló que no se han informado los resultados, y que, como en el caso del Plan Colombia, «ahora en EE.UU. entra más droga que nunca sale de Colombia. Es un gran fracaso que sólo sirve para un despliegue militar de EE.UU. en Colombia».
Mario Mérida por su parte señaló que el Plan Mérida «no contempla la presencia de tropas en el territorio donde se está realizando el convenio», por lo que difiere del plan Maya Jaguar.
La intervención estadounidense en la llamada contrarrevolución de 1954, con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz que puso fin a los llamados: «diez años de primavera» o «diez años de democracia», en Guatemala marcó para organizaciones de la sociedad civil, políticos y otros, un antecedente sobre la política de «mediación» del país norteamericano.
La publicación socialista aporrea.org publicó una pequeña hoja de vida del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, negociador del Plan Mérida en México y Centroamérica:
«John Negroponte fue embajador de EE.UU. a Honduras de 1981 a 1985. Como tal, fue responsable de la política de violaciones a los derechos humanos del gobierno norteamericano. Entre otras cosas, supervisó la creación de la base aérea El Aguacate, donde EE.UU. entrenó a los Contras durante los años 80. Las violaciones a los derechos humanos crecieron sistemáticamente durante el mandato de Negroponte. La CIA y el batallón argentino 601, entrenaron al infame Batallón 316, uno de cuyos líderes fue Billy Joya», se lee en la publicación.