Hace poco se terminó una interpelación en el Congreso. La Constitución Polí­tica de la República, faculta a los diputados a citar a sus oficinas a los funcionarios de Estado, o a interpelarlos ante el pleno de la Asamblea Legislativa. Pero lamentablemente esos foros de discusión se han vulgarizado y se han convertido en un circo para atacar a los funcionarios de turno, y de paso, hacerse propaganda polí­tica anticipada. Estos ejercicios democráticos deberí­an ser una oportunidad para discutir verdaderamente los grandes problemas del paí­s o discutir las diferentes ideologí­as y puntos de vista sobre el tratamiento de diversos temas. Pero al final, solamente son un frí­o recuento de los gastos en que se han incurrido, sin que se discuta la filosofí­a de los planes y programas que se están implementando, menos aún de las necesidades que se buscan solucionar. La auditorí­a social es necesaria, pero como su nombre lo dice, debe ser la sociedad organizada quien fiscalice por medio de los mecanismos creados y que no se utilicen esos procesos para hacer un show polí­tico.