Una huelga indefinida del transporte de carga contra el pago de un impuesto se extendió a cinco de los nueve departamentos de Bolivia y comenzó a provocar millonarias pérdidas en el sector exportador, mientras el gobierno afirmó que la medida tiene carácter político.
Los camioneros, que entre martes y miércoles cumplieron un paro de 48 horas, decidieron continuar indefinidamente la medida para evitar el pago de un impuesto a las utilidades alegando el mal estado de las carreteras.
Para «desmentir las denuncias del transporte pesado», la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, cuya renuncia también piden los choferes, envió ayer brigadas a las carreteras para que junto a notarios públicos inspeccionen el estado real de las vías.
El planteamiento de los transportistas, que pagan el tributo hace dos años, fue desestimado por el presidente Evo Morales quien pidió a los transportistas comprender que «es una obligación constitucional pagar impuestos».
A pesar de que la huelga se extendió ya al transporte de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí y probablemente desde ayer a Oruro, el mandatario anunció que «el gobierno no va a eliminar ningún impuesto».
Junto a la huelga del sector, los transportistas comenzaron también desde el miércoles a cortar con sus camiones de alto tonelaje rutas principales del país, impidiendo el normal flujo de buses de pasajeros y otros vehículos.
Las terminales de las ciudades concernidas están atestadas de pasajeros a la espera de la reanudación de las salidas, según reportes de medios locales.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, volvió este martes a cerrar la posibilidad de un acuerdo, mientras el presidente de la Confederación de Transporte Pesado, Rubén Pérez, declaró que «lo único que queremos es volver al antiguo régimen» tributario que exime al sector del impuesto a las utilidades.
El conflicto puede eventualmente alcanzar al transporte público urbano, según el dirigente de ese sector Frankling Durán.
La huelga tuvo como efecto inmediato la paralización de las exportaciones puesto que las salidas a los puertos de Chile y Perú, utilizadas por Bolivia, están cerradas ocasionando pérdidas de hasta medio millón de dólares diarios, según datos de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb).
Ricardo Monje, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, rica región de donde fluye el grueso de las ventas al exterior, dijo de su lado que «todavía es prematuro» contabilizar las pérdidas.
Medios locales reportaron que en las carreteras se mantienen cientos de camiones y buses de pasajeros varados.
Hasta ayer en la madrugada la única vía troncal expedita era el ramal La Paz-Oruro.
En tanto, el viceministro del Interior, Rubén Gamarra, calificó la protesta de política y dijo que está alentada por opositores a Morales, entre éstos el prefecto derechista de Cochabamba, Manfred Reyes.
Gamarra dijo que a pesar de que la huelga intenta «provocar problemas» al presidente Morales, especialmente en Cochabamba, donde hay unos 500 vehículos varados, el gobierno no despejará el bloqueo por la fuerza.