En la ciudad de Guatemala los problemas de abastecimiento de agua y del servicio de transporte urbano son posiblemente de los más graves que se tienen que encarar y aunque ambos son en el marco del Código Municipal competencia de la Municipalidad de Guatemala, la realidad nos muestra que el Municipio ya no puede ofrecer soluciones porque estamos hablando de necesidades de toda el área metropolitana que, por su importancia estratégica y por sus implicaciones políticas, tienen que ser atendidas por el Gobierno central como problemas de Estado.
En el tema del transporte hace mucho tiempo que el Gobierno central interviene para paliar la situación y lo hace entregando un jugoso subsidio a los dueños del transporte; también intervino cuando se creó el fideicomiso para la compra de los buses rojos que la Municipalidad negoció y que terminaron como chatarra porque se compraron unidades inservibles en uno de los peores negocios de la historia del país que, sin embargo, nunca fue debidamente investigado ni siquiera debidamente cuestionado por la opinión pública.
En cuanto al abastecimiento de agua no hay acciones de nadie para resolver el problema y al paso que vamos dentro de poco tiempo el déficit en el abastecimiento hará crisis y el problema no será para Empagua o para la Municipalidad, sino que será para todo el país por sus terribles implicaciones. En ambos casos hablamos de atender la demanda de los habitantes que viven en la llamada área de influencia urbana que conforman los municipios en que se asienta la metrópoli y aunque la Constitución ordena que exista un ente coordinador, hasta la fecha la norma es un simple enunciado que no se cumple, como tantos aspectos de nuestra Ley Fundamental.
En efecto, el artículo 231 de la Constitución ordena que una ley ordinaria lo determine una ley específica para determinar su jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del Gobierno central. En vista de la magnitud de los problemas que encaramos en la región metropolitana, es urgente que en el Congreso de la República se proceda a legislar el tema para facilitar la inversión que el Gobierno deberá hacer, junto a los municipios afectados, para atender esos problemas que son de gran envergadura y de urgencia.
Tal y como estamos, el agua y el transporte quedan en un limbo tremendo porque nadie hará nada por resolverlos pues toda solución escapa a la jurisdicción del municipio. No se puede crear un sistema metropolitano de transporte que se restrinja a los límites municipales ni se puede abastecer de agua a la ciudad pensando en una operación sólo para los habitantes del Municipio. Las municipalidades de la región son ricas y prósperas, pero alguien tiene que coordinar las políticas para que puedan implementarse.