La huella que el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, deja en la historia, es haber sometido a ese organismo a la mayor crisis registrada en los últimos tiempos. Ahora que el Organismo Legislativo tambalea, tras descubrirse el desvío de Q82 millones, los bloques han dejado a un lado sus distinciones partidarias y se unieron para despojar a Meyer de la Presidencia. De esa cuenta, hoy, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia recibieron solicitudes de antejuicio en contra del parlamentario, pero, además, la Unidad Nacional de la Esperanza le exigirá que renuncie del partido.
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Como una pesada cruz para Eduardo Meyer, el escándalo financiero llevó a las bancadas a formar un solo bloque que espera conseguir 80 votos para remover al oficialista de la Presidencia de ese organismo, al tiempo que presenta denuncias en su contra por el delito de encubrimiento, incumplimiento de deberes y falsedad.
Denuncia penal
Jaime Martínez Loaiza, jefe de la bancada Gana, explicó que Meyer incurrió en el delito de encubrimiento, porque él mismo admitió que sabía sobre el desvío de los Q82 millones, correspondientes a la mitad de los fondos privativos del Congreso, por orden de su ex secretario privado, Byron Sánchez. «No lo denunció, sino que lo encubrió, porque lo despidió y esperó a que saliera del país para destapar este escándalo», dijo, mientras se disponía a presentar la denuncia penal, ante el Ministerio Público, en donde también se incluyó a José Conde, director financiero de ese organismo, al ex secretario privado y al auditor general, quien fue destituido junto a Sánchez.
Un antejuicio
Mientras tanto, Roxana Baldetti, jefa del bloque Patriota, presentó una solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad. Amparada por el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso, referente a las atribuciones del Presidente del Legislativo, que en su literal n dice: «Autorizar las erogaciones y gastos del Organismo Legislativo, vigilar la ejecución del presupuesto, y dar cuenta de lo actuado al pleno del Congreso. Todo gasto y erogación deberán ser debidamente justificados. El Presidente podrá delegar las funciones que establecen la Constitución Política de la República o esta ley, en uno o más integrantes de la Junta Directiva o de la Comisión Permanente».
El fundamento para acusar a Meyer del delito de falsedad, es que en el informe cuatrimestral de este año, no se especifican las entidades bancarias donde se encuentran depositados los fondos privativos del Congreso, pese a que era su obligación.
En el partido
La Unidad Nacional de la Esperanza permaneció reunida desde temprano. Mario Taracena, jefe de ese bloque, Juan Alfaro, Secretario General del Comité Ejecutivo del Partido y Roberto Alejos, primer secretario de Junta Directiva, discutieron sobre las acciones que a lo interno se deben tomar, pero antes, acordaron recabar información suficiente para tener elementos de prueba contra Meyer, previo a exigirle la renuncia.
Alfaro intentó hablar con Meyer y llegó hasta la oficina de la Presidencia del Congreso, pero no lo recibió. De hecho, Meyer no atendió el llamado de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, la bancada oficial se reunió con el Contralor, Carlos Mencos, a quien otros bloques le solicitaron intervenir la cuenta en donde se depositaron los Q82 millones y recuperarlos.
Cuando de denuncias se trata…
Pero ayer, Meyer, en un intento por salir bien librado de esta situación, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, solo respaldado por su tercer vicepresidente, Pablo Duarte, en la que acusó a José Conde, director financiero, Byron Sánchez, ex secretario privado y a todas las personas que resulten involucradas.
La Asesoría Jurídica de la Presidencia del Congreso, sin tomar en cuenta las consecuencias, extendió la denuncia «a las instituciones de la banca central en donde se encontraban los depósitos monetarios de este Organismo, debido a que ellos permitieron el movimiento de los recursos sin haber solicitado los documentos que determinaran la representación legal del Congreso», dice el boletín de prensa publicado en la página web del Legislativo.
Prófugo de la Justicia
El sistema de justicia tiene un nuevo prófugo que se suma a la lista de los ex diputados involucrado de actos ilícitos. Byron Rodolfo Sánchez Corzo, ex secretario privado de la Presidencia del Congreso, hombre de confianza de Eduardo Meyer y hasta pariente político del cuestionado parlamentario, huyó del país, pero la huella que deja tras él, tan solo consta de 41 demandas penales, la mayor parte de ellas por caso especial de estafa, defraudación fiscal, abuso de autoridad y estafa propia, sin contar millonarias deudas en bancos del sistema
Pero pese a este deplorable currículum, Meyer lo acogió como su secretario privado y le otorgó funciones que sólo podían ser atribuibles a un integrante de la Junta Directiva, que tradicionalmente, queda en manos del Primer Secretario. No obstante, el Presidente del Congreso optó por no confiar en Roberto Alejos y centralizar las funciones administrativas en su secretario privado.
Llegaron fiscales
La agitada mañana en el Congreso y los rostros de felicidad en los trabajadores que ya hacían fiesta por la presunta salida de Meyer, tuvo un ingrediente más: fiscales del Ministerio Público irrumpieron en la dirección financiera del Legislativo, en busca de evidencias y documentos que respalden el depósito de los Q82 millones en Mercados de Futuros (MDF), mismo que se realizó en febrero de este año, con grandes riesgos de pérdida.
Para despojarlo de la Presidencia
Como si se tratara de un terremoto las réplicas en el Congreso son innumerables. Los jefes de bloque solicitarán que se convoque a una sesión extraordinaria, en la que, con 80 votos, despojarán a Meyer de la Presidencia. De suceder, sería el primer vicepresidente, Arístides Crespo, quien asumiría la dirigencia del Congreso. «Del gato, un pelo», dijo Anabella de León, al referirse a que, por el momento, se preocuparán por separar a Meyer de la Presidencia, mientras analizan las acciones a tomar contra el resto de la Junta Directiva.