El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, reconoció que «estamos en una situación de crisis muy grave», debido a las condiciones adversas que afectan a la población, generadas por el incremento de los precios del petróleo, que contribuye al aumento de la inflación; condiciones que contribuirí­an a una crisis alimentaria en el paí­s.

«Asistimos a fenómenos graves que afectan este componente (seguridad alimentaria), como el tema de una inflación que supera, por primera vez en cinco años, los 10 puntos, lo cual causa una pérdida real en el poder adquisitivo, genera más pobreza y desempleo», aseveró Morales.

Asimismo, el defensor del pueblo dijo que los salarios mí­nimos no reflejan el costo de la canasta básica vital y la canasta alimentaria básica. «Con relación al costo de los alimentos los ingresos están muy por debajo de lo mí­nimo, por cerca de Q800 o Q900», aseguró.

Desnutrición podrí­a ser peor

Según Luis Enrique Monterroso, del proyecto de Derecho a la Alimentación, de la FAO, los indicadores que se tienen sobre desnutrición del 49% de la población infantil requieren de una actualización, ya que existe «información oculta», que hace necesario la realización de un nuevo censo.

«Las estadí­sticas tienen siete años, ya que fueron levantadas en 2001, por lo que hay datos ocultos. Se requiere un nuevo censo sobre talla y peso para actualizar la información», aseguró.

Monterroso dio a conocer que actualmente se efectúa una medición sobre las condiciones en las áreas vulnerables ante una crisis alimentaria. «A la fecha se tiene levantado el 100% del departamento de Totonicapán, donde 93 comunidades fueron catalogadas como rojas, por su vulnerabilidad», afirmó.

Sololá, San Marcos, Huehuetenango y Chimaltenango tienen indicadores muy elevados de desnutrición crónica infantil, según el representante de la FAO.

Presentará informe

Sergio Morales aseguró que en esta semana presentará un informe al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Conasan), que deberá contemplar una propuesta que permita corregir la aplicación de las polí­ticas y estrategias en materia de seguridad alimentaria y nutricional, contempladas en el marco del Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.