La OEA, preocupada por la crisis política en Bolivia, donde gobierno y varias regiones opositoras se enfrentan por el establecimiento de estatutos autonómicos, lanzó un mensaje conciliador al inicio de su 38 Asamblea General en Medellín (Colombia), al tiempo que rechazó hechos de violencia contra indígenas bolivianos.
En la apertura de la Asamblea General anoche, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que para solucionar la crisis en Bolivia «es indispensable respetar los legítimos intereses de la mayoría nacional, expresada en este gobierno, y armonizarlos con los intereses también válidos de las entidades regionales de Bolivia».
«El caso de Bolivia nos preocupa especialmente, porque los temas en debate tienen estrecha relación con la conservación y fortalecimiento de la democracia», agregó.
Las expresiones de Insulza coincidieron con los primeros resultados de referéndums sobre estatutos autonómicos celebrados en las regiones bolivianas de Beni y Pando -no reconocidos por el gobieno de Evo Morales- que terminaron con un abrumador triunfo de los partidarios de la autonomía, tal como ocurriera en la región de Santa Cruz el 4 de mayo.
Insulza manifestó especial preocupación por episodios de violencia que rodean a la crisis política que enfrenta al gobierno del indígena Morales con prefectos opositores de derecha.
Los referendos de ayer se cumplieron en medio de esporádicos choques en dos villorios de Pando y de Beni, entre campesinos que resistían la consulta y vecinos que apoyan las autonomías regionales.
Insulza fue más allá y cuestionó expresiones de racismo contra indígenas en algunas zonas de Bolivia.
«Nos ha preocupado también el reciente surgimiento en Sucre y Santa Cruz de manifestaciones de racismo y conductas ya condenadas por nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de poblaciones indígenas», subrayó.
La CIDH «condenó enfáticamente» las «agresiones» de «carácter racista y discriminatorio» contra campesinos partidarios de Morales ocurridas el 24 de mayo en Sucre (sudoeste de Bolivia), y urgió a las autoridades a «realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables».
El 24 de mayo grupos radicalizados atacaron con palos, cinturones, puños y patadas a campesinos inermes que intentaban llegar a un estadio de Sucre para escuchar al presidente Morales, según imágenes de televisión y reportes de radio desde el lugar.
Una veintena de campesinos quechuas fueron vejados y obligados a marchar semidesnudos hasta la plaza de armas de Sucre, donde les obligaron a arrodillarse y gritar consignas contra Morales.
Veintisiete personas resultaron heridas.
Una delegación de la CIDH viajará la semana próxima a Bolivia para ocuparse de la situación de comunidades indígenas en condiciones similares a esclavitud en el sudeste del país, y conversará con el gobierno sobre las agresiones de que fueron víctimas campesinos indígenas en Sucre, indicaron fuentes de la entidad.
El canciller panameño Samuel Lewis dijo hoy que la situación de Bolivia preocupa a la región e instó a «un diálogo constructivo entre los diferentes actores» de la crisis.
Se espera que el canciller boliviano, David Choquehuanca, haga referencia a los episodios de violencia y a las tensiones políticas en su país durante los plenarios de la Asamblea de cancilleres de la OEA que culminará mañana en Medellín.
Sin embargo, fuentes de la OEA que pidieron el anonimato señalaron que hasta el momento no está prevista ninguna declaración conjunta sobre la situación en Bolivia durante la Asamblea General.
La OEA mantiene abierta una misión mediadora para acercar a las partes en Bolivia, y ha reiterado llamados a preservar su unidad territorial.