«Lo más duro es encontrar tantos niños en una fosa y victimados por armas de fuego», dice la fiscal Cristina Olazábal mientras los antropólogos forenses desentierran restos de unas 60 personas masacradas presuntamente por militares en 1984 y enterradas en Putis, a 3 mil 500 metros de altura en el sur del Perú.
Es la fosa más grande de las cinco halladas, y con horror los forenses han ido descubriendo la cantidad de menores de edad que fueron asesinados en una matanza colectiva, el 13 de diciembre de 1984, que habría alcanzado a más de 120 personas.
Familiares de algunas de las víctimas siguen el proceso en silencio. Algunos de ellos lloran mientras ven al equipo forense sacar huesos. A la distancia unos 25 militares resguardan el trabajo.
«Acá tengo a mis parientes y tíos», dice Teresa Quispe, mientras señala la fosa. «Ellos vinieron y los militares los han matado. Ahora son huesos», agrega con amargura.
Como ella el resto de familiares no dudan de que fue el Ejército que los mató durante la guerra interna contra la guerrilla de Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó veinte años de violencia también concluyó lo mismo en su informe entregado en 2003.
Aurelio Condoray dice que sus hermanos Mauro y Lucio y su madre Nemesia están en la fosa. «Los militares los han matado. Cuando la base se instaló acá en Putis los soldados ponían papeles (avisos) para que los campesinos se acercaran a la base. Por eso mis familiares vinieron a Putis con sus animales, caballos, chanchos y llamas», dice.
«Si reconozco a mi madre, voy a enterrarla junto a mis hermanos. Merecen esa paz», dice.
Marina Quispe no se acuerda de su edad -«ahí está en mi documento», dice- pero sí recuerda que los militares «nos buscaban y por eso nos escapábamos al monte en las noches».
«Mi hija Rita vino a Putis y la mataron. Era mi única hija. Luego se llevaron los animales y nos quedamos sin casa, sin nada. Mi esposo fue muerto después por la guerrilla. De mi casa lo sacaron los subversivos a las cinco de la tarde y lo mataron en el campo», dice.
El director del equipo forense, el peruano José Pablo Baraybar, dice que «en la fosa se han encontrado huesos fragmentados» y que un análisis que demandará dos meses puede determinar a quiénes pertenecían.
El trabajo -que es financiado por el Departamento de Estado norteamericano- ha sido titánico por las condiciones: la altura de 3.500 metros, el frío intenso y el peligro por tratarse de una zona de paso de narcotraficantes, según dice la fiscal Olazábal.
Trabajan además en un pueblo fantasma, pues en Putis ya no vive nadie. Hay una iglesia derruida, casas inhabitables -una de ellas habilitada para el trabajo de los forenses- pero la gente se marchó de ahí.
La CVR encontró que 123 hombres, mujeres y niños de las comunidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis fueron ejecutados por el Ejército peruano en diciembre de 1984.
Según el informe, los militares «sospechaban que los campesinos estaban involucrados con Sendero Luminoso, pero también habría existido interés de los soldados por el ganado de las víctimas, que vendieron poco después del hecho».
Los restos hallados permitirán a la fiscalía judicializar el caso y llevar ante los tribunales a los militares responsables de uno de los episodios más sangrientos del conflicto interno peruano.
Ayacucho es uno de los departamentos más pobres de Perú y acunó en 1980 a Sendero Luminoso, una guerrilla de la que hoy sólo quedan remanentes.