Este día se conmemoran 30 años de la masacre de Panzós que marcó el final del gobierno del general Kjell Laugerud y dio inicio a una serie de casos similares que se repitieron en muchos lugares del país en la década siguiente. El gobierno actual al participar en esa triste conmemoración dispuso que el Estado asuma su responsabilidad en los hechos y pedir una disculpa, pero un grave error conceptual hace que esa decisión, correcta en todo el sentido de la palabra, pueda no sólo desvirtuarse sino dar insumos para fuertes críticas.
En efecto, se decidió que en nombre del Estado de Guatemala pida perdón la señora Sandra Torres de Colom, esposa del mandatario, quien no puede actuar en nombre del Estado porque no olvidemos que el ejercicio de las funciones públicas no se puede delegar. El Título IV de la Constitución Política de la República de Guatemala regula de manera detallada y precisa el ejercicio del poder público y establece que «la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la Ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución».
Obviamente si alguien actúa en nombre y representación del Estado, especialmente si se trata de pedir un perdón que implica el reconocimiento de responsabilidades, está en obvio y categórico ejercicio de funciones inherentes al poder público y la misma Constitución dice que «ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio».
No hemos compartido toda la crítica que desde antes de la elección se ha dirigido contra la esposa del Presidente actual, porque vemos en ella una carga política muy grande. Sin embargo, cuando funcionarios de Estado la designan a ella para pedir perdón en nombre del Estado de Guatemala, están incurriendo en una acción muy grave porque está claramente establecido quiénes pueden ejercer el poder y, por ende, las funciones públicas con apego a la Constitución.
Es obvio que la actual esposa del Presidente ejerce un poder muy superior al que tradicionalmente desempeñan las llamadas Primeras Damas de la Nación porque, además del vínculo conyugal con el ingeniero Colom, su esposa es un importante factor político en el entorno presidencial. Y por supuesto que uno entiende que hay funcionarios que saben aquello de que más vale un chaquetazo a tiempo que ocho horas de servicio y por eso, para quedar bien con quien hay que quedar bien, proponen cuestiones fuera del marco legal como la que se hizo al pedirle que fuera ella quien en nombre del Estado pida perdón por la masacre de Panzós. Pero ella y los asesores jurídicos y políticos del gobierno deben rechazar esas muestras de lambisconería que al final alimentan las razones para mantener la crítica.