Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estudian una reforma para corregir errores del pasado que dieron motivos a señalamientos negativos que originaron desgaste a la institución. En ese sentido, su presidenta, María Eugenia Villagrán de León, explica en qué consisten las propuestas que serán analizadas con la Comisión Mixta, integrada con magistrados de ese tribunal y diputados del Congreso de la República.
– Pregunta: ¿Cuáles son los temas que son objeto de estudio?
-Respuesta: Trabajamos en tres áreas:
1.- Modificaciones del Sistema de Partidos y Organizaciones Políticas, Multipartidismo, que implican: Requisitos de Inscripción, Finiquitos, Criterios para la conservación del Registro Legal, Criterios de suspensión y cancelación de partidos, el financiamiento de partidos y campañas proselitistas; el aporte estatal, destino o direccionamiento de los fondos, límites y regulaciones del gasto electoral, el acceso a los medios de comunicación social. El financiamiento privado de partidos políticos y campañas de control a la posible penetración de fondos ilícitos, igualmente se fortalecerá la fiscalización de fondos públicos y privados, transparencia y un control del TSE sobre los partidos políticos.
2. En cuanto al proceso electoral, se analiza la revisión de plazos; fecha de elecciones; regulación de campañas adelantadas; proceso de actualización, control y depuración del padrón electoral; prohibiciones específicas para el ejercicio del voto; regulación de encuestas y regulación del proceso de realización de consultas populares.
3.- Los í“rganos Electorales comprende el estudio sobre la integración de Juntas Electorales Municipales y Departamentales. Por otra parte se plantea el análisis de fortalecer los Medios de Impugnación y el Derecho Penal Electoral y los Delitos, Sanciones y Multas Electorales, entre otras modificaciones.
– P: ¿Han evaluado la conveniencia de aumentar la deuda política a US $5?
– R: En relación a la deuda política, es parte de la temática a tratar en la Comisión Mixta conformada por los diputados del Congreso de la República y las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se hace la salvedad que aún no ha entrado a discusión su regulación ni los montos de la misma.
– P:¿Es cierto que se piensa aumentar a los dos dólares por voto (una vez alcance el 5% de los votos válidos) ya establecidos en la ley, tres dólares más al aporte estatal, en el sentido que dos dólares sean para los comités ejecutivos nacionales y uno para los comités ejecutivos departamentales?
– R: No se ha entrado a conocer por parte de la Comisión Técnica y actualmente, según el avance de los temas, tampoco ha sido propuesto por ningún partido político.
– P: Discutir la posibilidad de aumentar el aporte del Estado se justifica para que los partidos políticos sean menos dependientes del capital privado.
– R: El tema que es sujeto de cuestionamiento está en estudio y análisis por la Comisión Mixta, y por supuesto que consideramos que el incremento del aporte del Estado garantizaría que los partidos políticos sean más independientes del capital privado, sin embargo la Comisión Mixta debería analizar si el Estado en estos momentos tiene la posibilidad económica para aumentarlo. Se considera además que toda vez que el aporte estatal se incremente, daría a la Auditoría Electoral y a la Contraloría General de Cuentas, un mayor acceso al control y fiscalización de los fondos públicos recibidos.
– P: ¿Es viable reducir el techo de los gastos de campaña que actualmente es de Q42.5 millones, cuando se pretende aumentar el aporte del Estado?
– R: Este tema no ha sido abordado ni por los partidos políticos ni por el Tribunal Supremo Electoral en la mesa de discusión de la Comisión Mixta. Para una reducción en los gastos de campaña, previamente se debería realizar un estudio socio-económico en cada organización política.
– P: ¿Por qué no se legisla para que los partidos tengan más espacios en las frecuencias electrónicas (TV y radio) y puedan transmitir sus propuestas de trabajo, toda vez que la Constitución Política reconoce que las frecuencias son del Estado y que sólo están concesionada?
– R: Sobre el tema de legislar para que los partidos tengan más espacios en las frecuencias electrónicas, ello implica una reforma a la Ley de Emisión del Pensamiento, la que tiene carácter constitucional y eso es competencia exclusiva del Congreso de la República, una vez reformada, entonces se podría incluir como una temática a abordar dentro de la mesa de discusión de la Comisión Mixta.
– P: ¿Cómo fortalecer la fiscalización?, ¿Es falta de más legislación o de carácter?
– R: La fiscalización de los partidos políticos se puede fortalecer a través de legislar el Derecho Penal Electoral, efectivamente, las multas que provee la ley son demasiado leves para sancionar las campañas prematuras y el Tribunal Supremo Electoral está proponiendo la creación del delito penal electoral, por ser un tema concerniente a las Reformas de Segunda Generación.
– P: El TSE tiene iniciativa de ley, ¿propondrán ustedes también reformas que disminuyan el número de diputados. Es cierto que reducir a cien u ochenta el número de diputados afecta la representación de las minorías?
– R: Sí, el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley. En referencia al número de diputados al Congreso de la República, aún no se ha tomado la decisión sobre la propuesta que se harán, toda vez que nos encontramos en una mesa de discusión mixta con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso; sin embargo al Tribunal no le compete sugerir, proponer o modificar la reducción, mantenimiento o incremento del número de diputados, porque esto constituye una decisión eminentemente política y las propuestas del TSE van encaminadas hacia el funcionamiento, operatividad, transparencia, fiscalización de los procesos electorales y los partidos políticos así como de la aplicación de las sanciones que se propondrán oportunamente en la ley.
– P: ¿Es factible aplicar en Guatemala el modelo de elección uninominal o listado abierto?
– R: El Tribunal tendría que establecer previamente el costo económico que significa su implementación y la disponibilidad financiera para hacerlo ver también el impacto social, político y económico así como el costo para los partidos políticos participantes en una elección determinada, viendo al mismo tiempo los riesgos para el conteo de votos y la aplicación de los sistemas de representación de las minorías.