Agricultores bloquean comercio
La tercera huelga de agricultores argentinos en casi 80 días de rebelión fiscal se inició hoy con bloqueos al comercio interno de granos y carnes, aunque el país mantiene aún su ritmo de fuerte exportador de alimentos, informaron fuentes empresariales.
«Lo estamos haciendo (el paro patronal) de la manera menos dura posible, como una manifestación de protesta, sin perjudicar la vida de la sociedad», dijo Hugo Biolcati, uno de los líderes del mayor movimiento del campo en la historia de la nación, un importante proveedor agrícola mundial.
La tercera medida de fuerza fue declarada luego de que el gobernante Partido Justicialista (PJ, peronismo) divulgó ayer un duro comunicado, en el que calificó la protesta de «ataque antidemocrático, «lock out» salvaje y golpista».
Mientras tanto, «los embarques de exportaciones se están cumpliendo, pero con problemas, y en algunos casos de empresas multinacionales se busca que la carga se haga en otros orígenes como Brasil y Estados Unidos», dijo Alberto Rodríguez, director del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
«Las empresas que están en los puertos tienen menos problemas porque acumularon stock de granos y subproductos (harinas y aceites) y aliviaron la situación», dijo el directivo del CEC, que nuclea al 90% de las firmas exportadoras de cereales.
El conflicto agrario recrudeció al iniciarse hoy seis días en que agricultores apostados en unos 300 piquetes en la región central, la más rica del país, impiden el paso de camiones con granos y ganado.
El bloqueo a la hacienda puede causar faltantes de carnes vacunas, muy apreciadas en un país donde el consumo supera los 70 kilogramos anuales por persona.
Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos y sus exportaciones agrícolas y agroindustriales superan el 50% de las ventas externas totales.
La puja está planteada por la renta de la soja, cuya cosecha fue valuada este año en unos 24 mil millones de dólares, de los cuales el Gobierno intenta llevar a sus arcas unos 11 mil millones por considerarla ganancia extraordinaria, a raíz de los altos precios internacionales.
Argentina es el primer exportador mundial de aceites y harinas de soja, el tercero del poroto de esa leguminosa y el quinto de trigo.
El ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, renunció ayer a su cargo, luego de que decidió cobrar una tarifa comercial a los canales de televisión que retransmitan la señal de la estación estatal VTV.
En una brevísima aparición ante la prensa, Izarra anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde hace menos de un año.
Izarra ya había sido ministro de Información y Comunicación en 2005, y a la vez dirige el canal multiestatal de información Telesur.
«Ayer tomé una decisión sobre la distribución de imágenes de VTV, que fue hecha de manera inconsulta con las demás instancias del gobierno nacional, razón por la cual pongo mi cargo a la orden», dijo Izarra.
La estatal VTV decidió cobrar una tarifa de 120 bolívares (55 dólares) el segundo a aquellas cadenas que retransmitan su señal, según indicó ayer la televisora Globovisión, que reprodujo en su sitio web el oficio recibido.
Hasta ahora, VTV había permitido la retransmisión gratuita y sin restricciones de su señal a las demás televisoras venezolanas.
La salud del ex presidente Alberto Fujimori, con un posible cáncer a la lengua, ha perturbado el juicio que se le sigue por violación de derechos humanos, bajo el recelo de sus acusadores que sospechan una eventual estrategia para entorpecer el proceso judicial.
La audiencia de hoy fue suspendida por unos 40 minutos debido a que al inicio el propio acusado dijo que en la madrugada sufrió una «crisis hipertensiva grave», lo que obligó al juez César San Martín a ordenar una rápida revisión médica al acusado.
Tras el control, los médicos del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto de Medicina Legal determinaron que la presión arterial del acusado estaba controlada y que podía afrontar la audiencia, que continuó sin problemas por orden del tribunal.
Fujimori había manifestado que luego de sufrir el desbalance hipertensivo logró controlarlo pero que se encontraba «en situación de inestabilidad», aunque anotó que podría continuar la sesión.
«Me siento bien pero si tengo algún malestar lo informaré al tribunal», señaló.
La crisis en la presión arterial de Fujimori se presentó en el marco de un diagnóstico médico que señala que tiene una leucoplasia en la lengua, que consiste en una mancha blanquecina de un centímetro y medio que, según sus familiares, puede tener una secuela de cáncer.
Carlos Rivera, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de dos matanzas perpetradas bajo el gobierno de Fujimori y por las que se le juzga, señaló que el mal que padece el ex gobernante no reviste gravedad y advirtió que «los fujimoristas tratan de usar el tema políticamente».
En el fondo, dijo Rivera, se buscaría la anulación del juicio porque los testimonios en contra de Fujimori son contundentes y apuntan hacia su condena de 35 años de cárcel, tal como lo ha pedido el fiscal José Peláez.
Fujimori ha dicho que no pretende que el mal que padece impida la continuación del juicio.
A mediados de marzo pasado Fujimori presentó un cuadro de hinchazón en las piernas, debido a las largas horas que permanecía sentado en las audiencias del proceso, que se iniciaron el 10 de diciembre y que se efectúan tres veces por semana.
Para dictaminar si la leucoplasia es de tipo canceroso el ex gobernante, por disposición del tribunal, fue trasladado anoche desde su encierro en una base policial al este de Lima donde se realiza el juicio al hospital de enfermedades neoplásicas, en el sector sur de la capital.
Ahí fue sometido a diversas pruebas, previas a una probable intervención quirúrgica y extirpación de la zona afectada que podría realizarse en los próximos días, tal como lo recomendaron médicos especializados en cáncer.
La congresista Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente, dijo que tras los exámenes los médicos señalaron que la intervención quirúrgica se realizaría probablemente la próxima semana.
En la sesión de hoy Fujimori se quejó del «tratamiento politizado» de los médicos del Instituto de Medicina Legal luego de que su director, Luis Bromley, dijera que antes se ocultaba la enfermedad del ex presidente y que en cambio ahora se saca relucir.
«He perdido la confianza en la medicina legal, quiero dejar presente esa sensación que tengo», refirió Fujimori en la sala de audiencias.
Fujimori es sindicado de ser autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992 que dejaron 25 muertos y fueron ejecutadas por un escuadrón de la muerte del ejército, durante el conflicto interno contra la organización maoísta Sendero Luminoso.