El juez Eduardo Cojulum dijo que recibió amenazas de muerte una semana después de escuchar denuncias de un grupo de sobrevivientes y testigos del genocidio.
Entre el 18 de abril y 15 de mayo Cojulum escuchó 16 testimonios como parte de una asistencia legal solicitada por la Audiencia Nacional de España (ANE), en base a una denuncia interpuesta por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, ante esa corte en diciembre de 1999.
En sus testimonios, los sobrevivientes señalaron a los generales retirados Efraín Ríos Montt, Benedicto Lucas García y Fernando Romeo Lucas García (fallecido en Venezuela) como los que ordenaron masacres en Quiché, Baja Verapaz y Huehuetenango.
Además, los testigos aportaron los nombres de comisionados militares y ex patrulleros civiles que colaboraron con las matanzas.
El jurista guatemalteco confió a medios locales que desconocidos le advierten vía telefónica que desista de las acciones legales que ha emprendido, porque de lo contrario tendría que atenerse a las consecuencias.
Cojulum explicó que en el transcurso de la semana enviará a España su informe sobre los testimonios y que al mismo tiempo analizaba ordenar a la Fiscalía General que se iniciara la persecución penal contra los acusados de las masacres.