Desde marzo de 2004 los 7,630 pobladores del cantón Juchanep, de la Parcialidad Baquiax, en Totonicapán, se encuentran enfrascados en una disputa, porque una parte de la comunidad se opone a la tala rasa de árboles autorizada por el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y la otra se muestra anuente.

Quienes están en contra, acusan al Inab de haber otorgado la licencia de manera «ilí­cita y antitécnica», puesto que la aprobación del Proyecto de Aprovechamiento Forestal de la comunidad «rompió el tejido social comunitario ancestral, y ha generado un alto grado de conflictividad en las comunidades», según Carlos Salvatierra, del colectivo Madre Selva, que respalda la denuncia.

El mencionado proyecto buscaba la extracción de 1,843 metros cúbicos de madera. Ante ello, los inconformes aseguran que, se dañó el patrimonio natural, pues la tala se efectuó en una zona (25 hectáreas) de recarga hí­drica con alta pendiente y alto impacto para las fuentes de agua.

Versiones encontradas

De acuerdo con los denunciantes, el Inab habrí­a autorizado el corte total de 270.8 hectáreas de bosque, por unos cinco años, a unas 50 personas que fueron reconocidas como propietarias legí­timas por la institución.

El ambientalista aduce que el corte inició en marzo de 2004, pero cuando las comunidades se percataron, lograron organizarse cerrando los caminos, por lo que el mismo está actualmente suspendido.

Por su parte, Ernesto Barrera, gerente del Inab, niega tal acusación y recalca que la entidad no ha otorgado más licencias a partir de 2004. No obstante, reconoce que autorizó unas cinco para diversos fines en el lugar, (1999-2004), entre ellas el corte de 27 hectáreas en el sitio en discordia, debido a que los bosques tení­an la plaga del gorgojo.

Un estudio técnico elaborado por Madre Selva determinó que la plaga ataca ecosistemas débiles o bosques de pino colorado, mientras que el de la Parcialidad Baquiax, es mayoritariamente pino blanco. «Ese fue sólo un argumento que se usó para talar», dijo Salvatierra.

Barrera menciona que las licencias para el saneamiento (control de gorgojo) y el manejo forestal (eliminación de bosque maduro) concluyeron hace tiempo. «El proyecto finalizó en 2004 y toda el área se reforestó», recalcó.

Conflicto agrario

Ambas partes aseveran poseer tí­tulos de propiedad que datan desde 1889, que les acreditan como representantes legales.

Ví­ctor Baquiax, presidente de la organización comunitaria que apoya la tala, aduce que su tí­tulo está inscrito en el registro de la propiedad de Quetzaltenango. «Lo que ellos tienen no es una escritura, sino copias del tí­tulo supletorio», refirió Baquiax.

Sin embargo, Salvatierra recalca que se debió analizar la naturaleza jurí­dica de las tierras comunitarias, antes de dar marcha al proyecto. «Todos son herederos y propietarios legí­timos de las tierras comunales, esa propiedad ha existido por siglos. Nadie puede atribuirse la propiedad sobre porción alguna», argumentó.

Demanda pública

Los inconformes denunciaron la comisión de delito forestal por parte de funcionarios del Inab que avalaron el proyecto. Asimismo, urgieron al MP y la PDH, para que se investigue el expediente No. VI-3-002-MBN/Pd-99, que da ví­a a la ejecución del proyecto.