Al nada más cesar la vigencia del Estado de Prevención resurgió el conflicto que se había sofocado en San José Pinula a punta de represión aplicada en el marco de la suspensión de garantías constitucionales. Los empresarios que habían aceptado un compás de espera para discutir alternativas al alza en el precio del pasaje decidieron implementarlo hoy mismo y al coincidir esa decisión unilateral con el fin de la aplicación de la Ley de Orden Público, se produjo la reacción de descontento que nuevamente alteró la tranquilidad en ese poblado municipio.
Nosotros siempre hemos criticado el comportamiento generalmente aguantador y paciente de un pueblo que muestra tener horchata en las venas en vez de sangre, pero reconocemos que nuestra gente tiene reacciones que podríamos calificar como cíclicas y al parecer estamos entrando en uno de los ciclos de protesta determinados por el nivel de descontento que rebasa la ancestral postura aguantadora del pueblo. Y es que definitivamente el hambre y la necesidad se convierten en malos consejeros y provocan actitudes de la población que, en condiciones normales, no forman parte de la idiosincrasia chapina.
Creemos que no hay que menospreciar lo que está ocurriendo en San José Pinula porque es una situación que puede repetirse en muchos de los poblados del país debido a la combinación de factores que están haciendo más difícil la vida para los guatemaltecos. Y obviamente se demuestra que la represión no basta para resolver los problemas porque cabalmente los vecinos de San José Pinula fueron reprimidos con dureza en el marco del Estado de Prevención por el mismo problema que ahora los lanza nuevamente a la calle y como no hubo disposición al diálogo y a negociar soluciones inteligentes, ahora estamos nuevamente frente a medidas de hecho.
La gobernabilidad en un país que tiene un Estado tan mermado por el efecto devastador de las políticas y prédicas para reducirlo a su mínima expresión es siempre difícil de lograr y más cuando se viven condiciones de crisis como las que ya se manifiestan. El precio del diésel sigue subiendo y como corolario los transportistas que no reciben subsidio del gobierno central disponen aumentos que exasperan a una población cuyo nivel de ingresos no cambia y, por el contrario, ven que el poder adquisitivo de su salario disminuye en forma dramática.
Linchamientos, protestas, violencia generalizada y alentada por la total impunidad son apenas elementos recurrentes de nuestra realidad que se agravan cuando a ellos tenemos que sumar pérdida de calidad de vida porque el dinero no alcanza para mantener los niveles previos. En ese contexto el descontento aflora y se traduce en un permanente riesgo para la estabilidad, la gobernabilidad y el imperio del orden público.