Durante más de cuarenta años el precio del pasaje en Guatemala fue una especie de icono para la población porque se mantuvo en cinco centavos a pesar de vaivenes en la economía y cada vez que los empresarios quisieron aumentarlo, la protesta popular los obligó a retroceder. Fue hasta en tiempos de la dictadura de Ríos Montt, cuando estaban en pleno trabajo los tribunales de fuero especial que juzgaban como terroristas a quien se les pusiera enfrente, que se logró romper el simbolismo y se dispuso el primer aumento en el precio del pasaje.
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Ya antes se había implementado el método del subsidio para compensar el aumento de los costos y para hacer que los transportistas volvieran a trabajar cuando se fueron al paro de labores en busca del aumento. No obstante, cada vez que ha habido aumento hemos visto protestas aunque las mismas no tienen ya la dimensión y magnitud que tuvieron aquellas jornadas que, como las vividas en tiempos de Lucas, hicieron que la población saliera a las calles para impedir el aumento en el precio del boleto del transporte urbano.
Hoy nadie puede pensar que el servicio de transporte urbano puede continuar prestándose sin que los dueños de camionetas encuentren la forma de compensar el aumento en el costo del combustible que se ha duplicado en el último año. Sin embargo, sigue siendo un tema polémico el del aumento al precio del pasaje y por lo tanto las autoridades se sienten acorraladas ahora que la Municipalidad se lavó las manos y dejó el tema en manos del gobierno central. Los transportistas fijaron como límite para tomar decisiones el final de este mes y la fecha se aproxima con tremenda velocidad sin que exista orientación sobre cuál pueda ser la salida. Salvo una tajante declaración del ministerio de Finanzas diciendo que no hay recursos para aumentar el subsidio y otra de la Municipalidad diciendo que no contemplan aumento de tarifas, no hay en absoluto indicios de que se esté analizando seriamente el problema.
Por tradición sabemos que en Guatemala puede subir prácticamente todo sin que la población proteste, pero que en materia de transporte la situación cambia. Alzas en los alimentos o en los combustibles son soportadas con algún estoicismo por la población que se resigna al empuje de precios supuestamente fijados por el mercado, pero cuando se trata del servicio de transporte público la cosa cambia. Tanto en el interior del país como en la capital existe una notable resistencia a que suba el valor del pasaje y ello puede ser consecuencia de las pésimas condiciones en que se presta el servicio y las vanas promesas que cada poco han hecho los transportistas cuando piden más subsidio o reclaman aumento sobre la falsa propuesta de mejorar el servicio.
El problema ahora es que estamos con la soga al cuello puesto que tras veinte años de continuidad en el manejo de las políticas urbanas, no hay idea elemental de cómo implementar un servicio eficiente al menor costo posible. Y parecemos condenados a tener que aguantar un aumento sin la menor esperanza de que el mismo se traduzca en un servicio seguro, para decir lo menos que el usuario esperaría como compensación al mayor sacrificio que tendrá que hacer para viajar hacinado en esas gigantescas latas de sardina.