El incremento de 5 a 7 por ciento en el impuesto sobre ventas e ingresos brutos, que se contempló en la Propuesta de Pacto Fiscal, ha sido motivo de discusión entre grupos empresariales, que se oponen a la medida y organizaciones sociales, que están a favor.
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El incremento de dos por ciento al gravamen para las actividades productivas de alta rentabilidad -de ingresos superiores a Q240 mil-, no es bien visto por la Cámara de Comercio de Guatemala.
Edgardo Wagner, presidente de la entidad, indicó que se tiene plena conciencia sobre la importancia de ampliar la base tributaria del país, no obstante considera que el alza en el impuesto sobre ventas e ingresos brutos no tendrá buenos resultados para los sectores productivos. «Los que cumplimos con la ley, siempre debemos pagar más».
Según Wagner, es posible aumentar los ingresos del país, fortaleciendo las medidas antievasión a través del control de contrabando y piratería, sin embargo considera que no es factible «afectar la productividad y competitividad del país».
La iniciativa privada solicitó al Gobierno que se examine la actual propuesta, y posteriormente se realicen diálogos y sesiones de consenso para exponer su descontento.
Consenso
José Alejandro Arévalo, del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, explica que durante la creación de la propuesta se llegó a varios consensos, sin embargo no hubo una decisión unánime en relación al impuesto sobre ventas e ingresos brutos.
«Creo que todavía no hay nada definitivo, por lo que aún se puede apelar para hacer cambios o discutir algunos puntos de la iniciativa fiscal», dijo Arévalo.
«Las propuestas deben ser consensuadas para que realmente sean beneficiosas para el país», indicó.
Necesario
En contraste, el diputado oficialista, Ferdy Berganza, representante del Congreso en el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, considera que el incremento en el gravamen es necesario para poder cumplir con las metas de tributación.
«La idea es que paguen más, quienes tienen más» señala el legislador. De acuerdo con lo estipulado en la propuesta, el incremento a 7% se daría solo para las personas o empresas con ingresos superiores a Q240 mil por año.
El economista del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, Jorge Santos, refirió que el Ejecutivo debe optar por lo que más conviene a la mayoría de la población y no por lo que beneficia a un reducido grupo empresarial.
«Es evidente que en el país se necesita aumentar la recaudación fiscal para que también se incremente la inversión social (…) todos debemos sacrificar algo para que prevalezca el bienestar social», señaló el analista.
La propuesta, que incluye diversas medidas para modernizar el ámbito fiscal, tiene por objetivo elevar la carga tributaria al 13,2% del producto interno bruto y se tiene previsto que sea presentada al Presidente el próximo jueves.
Jorge Santos,
CIIDH