Los linchamientos ocurridos la semana pasada y que se suman a los muchos que anteriormente cobraron abundante cantidad de vidas, son hechos que al final de cuentas pesan sobre la conciencia de aquellos jueces y fiscales que hacen imposible la efectiva administración de la justicia y el imperio de la ley en el país. Porque se trata de reacciones extremas y de ninguna manera justificables de los pobladores, pero que se explican por la ausencia total del Estado en cuestiones tan puntuales como la elemental aplicación de la ley.
En un país en el que los ciudadanos tienen la absoluta certeza de que el criminal quedará impune, la gente se termina desesperando ante el clima de inseguridad y decide actuar por su cuenta para aplicar castigo a los delincuentes. El proceso de la civilización ha establecido en todo el mundo la implementación de procesos que descansan en elementales garantías procesales que buscan evitar errores al momento de dictar sentencias de castigo y si bien en las épocas más primitivas se pasaba por alto el sentido del debido proceso y la presunción de inocencia, el mundo avanzó hasta establecer mecanismos que permiten la mayor seguridad jurídica en el momento de administrar justicia.
Todo eso se derrumba cuando ocurren los linchamientos producto de la incapacidad del Estado para cumplir con uno de sus fines esenciales, como es el de administrar la justicia. No sólo hablamos de la falta de proporción entre el delito cometido y el castigo impuesto, puesto que muchas veces por robo se termina privando de la vida a los acusados, sino también de la absoluta inseguridad jurídica que nos coloca a todos en riesgo de sufrir esas acciones de la multitud.
Siempre nos ha preocupado que hasta por un accidente de tránsito que haya sido producto de la casualidad se pueda producir una acción colectiva de venganza que termine en la muerte de personas inocentes. Y repetimos que todos esos hechos criminales en los que cae el colectivo social pesan sobre la conciencia de quienes tienen la responsabilidad por razón de su oficio, de aplicar la ley conforme a los cánones establecidos y que, al no hacerlo, impulsan a la gente a actuar de forma violenta e irracional.
Los linchamientos son un fenómeno complejo que se tiene que ver desde distintos puntos de vista, pero esencialmente son la manifestación extrema de la cultura de la muerte y la violencia que se ha enseñoreado de nuestro país. El Estado y los ciudadanos enviamos el mensaje subliminal de que el remedio a la violencia es eliminar a los delincuentes y por culpa de jueces y fiscales inútiles la gente terminó comprando la idea.