“La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad polí­tica es un prerrequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legí­timo.” Alain Touraine

Como ha ocurrido periódicamente en los últimos 26 años, la ciudadaní­a guatemalteca está convocada a elecciones generales que se llevarán a cabo el 11 de septiembre 2011 en cumplimiento de leyes y formalismos que para estos casos, exige cumplir el modelo democrático representativo vigente en el paí­s, una oportunidad para el ejercicio de derechos polí­ticos y de ciudadaní­a. Supongo que serán elecciones libres, plurales y competitivas que tendrán como resultado elegir a quienes ejercerán el poder polí­tico cuatro años.

Las elecciones periódicas en condiciones de igualdad y libertad son oportunidades para que mediante el sufragio universal, el voto libre y secreto; ejerzamos nuestros derechos humanos polí­ticos, entre ellos; derecho a elegir y ser electos; derecho al acceso y participación en condiciones de igualdad a las funciones públicas del paí­s, (Artí­culo 21 Declaración Universal Derechos Humanos).

También es ocasión, para fomentar valores ciudadanos y cultura polí­tica democrática, que tanta falta hacen. Tolerancia ante la diversidad; rechazo a la violencia, como forma de resolver conflictos; igualdad de oportunidades; equidad, reciprocidad, cooperación, solidaridad; participación libre e informada; disminución de la dependencia, arbitrariedad, discriminación y autoritarismo. Es oportunidad para hacer auditorí­a social, tanto del proceso electoral, como del discurso y ofrecimientos vací­os de los polí­ticos. Es tiempo de cuestionar a estos, sobre aspectos sociales, polí­ticos, económicos y culturales que importan a la Nación. ¿Reconocen que somos una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingí¼e? ¿Los partidos polí­ticos son incluyentes en su propuesta polí­tica y en la distribución de cargos de elección popular? ¿Las mujeres, los pueblos indí­genas y los jóvenes, son reconocidos, escuchados e incluidos en la competencia polí­tica?

Para la clase polí­tica, deberí­a ser la oportunidad de recuperar el papel que le corresponde a los partidos polí­ticos en una democracia; actuar como interlocutores entre el Estado y la sociedad, cosa que no sucede en Guatemala, pues la clase polí­tica está desprestigiada, embarrada  y salpicada por escándalos de corrupción, por nexos con el crimen organizado o por recibir fondos provenientes del narcotráfico. Prevalece el mercantilismo en la polí­tica y los partidos, así­ como el clientelismo polí­tico más visible en época electoral. El paí­s arrastra graves problemas estructurales no resueltos que el discurso polí­tico sigue utilizando, pero sin proponer soluciones para disminuirlos o erradicarlos.

Guatemala mantiene una estructura social patriarcal, machista y misógina,  excluyente, racista y discriminatoria, con largos perí­odos de autoritarismo, intolerancia, represión, violencia organizada, violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Pese a ese contexto, estamos empeñados en construir democracia, sobre todo, democracia participativa entendida como aquella donde los ciudadanos podamos incidir en forma directa en las decisiones polí­ticas y polí­ticas públicas, a través de organizaciones y participando en procesos de consulta directa (referéndum revocatorio, plebiscito). En este tipo de democracia, la ciudadaní­a tiene mayor intervención y participación en la toma de decisiones que en la democracia representativa.