El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal ya remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la denuncia que Rigoberta Menchú interpuso contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el delito de racismo.
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La acción fue motivada por el fallo emitido por la CC el 12 de diciembre, en el que se dejó sin efecto la orden de captura con fines de extradición de los ex militares íngel Aníbal Guevara y Pedro García Arredondo.
La anterior medida favoreció además a Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona, Benedicto Lucas, Donaldo ílvarez y Pedro García Arredondo, implicados todos en delitos de genocidio.
Benito Morales refirió que dicha acción ya fue elevada a la CSJ, la cual lo analiza, ya que los magistrados de la CC gozan del derecho de antejuicio por lo que el proceso también debe ser conocido en el Congreso de la República.
Debido a que la denuncia es penal, la CSJ debe realizar un análisis prejudicial, lo cual no determina culpabilidad o inocencia de los magistrados denunciados; «pero si existieran indicios les sería retirado el derecho a antejuicio y serían investigados como ciudadanos comunes», explicó Morales.
Luis Fernández Molina, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, indicó que los miembros de esa cámara no han entrado a conocer la acción interpuesta por las organizaciones sociales.
El magistrado añadió que la función de la CSJ en ese tipo de casos es que «no hay claridad en la ley en cuanto hasta dónde la CSJ puede hacer un análisis» y agregó que los fallos de la CC han reiterado que esa cámara no debe limitarse a ser «mensajero o tramitador», sino ver el expediente y ver si hay materia para antejuicios, ordenar el archivo o remitirlo al Legislativo.