Ayer los empresarios del transporte urbano se reunieron en el Congreso de la República con diputados y funcionarios del ministerio de Comunicaciones para analizar la situación derivada del alza en el precio del petróleo que ha incrementado en forma espectacular el valor del diésel que utilizan los transportistas en sus unidades. Desde el punto de vista eminentemente matemático, tomando en cuenta la variación de los costos de operación, uno tiene que entender que es imposible seguir prestando el servicio en las condiciones actuales, pero políticamente es difícil encontrar una solución al problema por el impacto que un alza en las tarifas tendría en la economía familiar.
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde cualquier punto de vista todos tendríamos que entender que si sube dramáticamente el diésel, el servicio de transporte de pasajeros tendrá que subir tarde o temprano, sea que el aumento lo pague directamente el usuario o que lo pague el Estado mediante un subsidio. Pero llama la atención que uno de los grandes actores en este problema se mantenga al margen, porque por ley corresponde a la Municipalidad regular el transporte de pasajeros en su jurisdicción y por lo tanto representantes del Concejo tendrían que estar en el proceso de discusión sobre el futuro del sistema.
El subsidio tiene como problema principal que se obliga a los contribuyentes de todo el país a pagarles a los capitalinos el transporte, porque siendo que el dinero sale del fondo común del Estado, proviene de los impuestos pagados por la generalidad de los guatemaltecos. Aparte de ello hay problemas serios porque se sabe que algunas unidades no circulan pero están registradas para recibir su parte del subsidio, lo que hace que sea un negocio redondo para sus propietarios porque no hay forma de controlar de manera efectiva cuáles buses están prestando servicio y cuáles simplemente sirven para cobrarle al Estado.
Y el aumento del valor del pasaje, justificado por la realidad económica, tiene repercusiones terribles en la economía familiar que, cabalmente en una época de crisis, pueden desatar protestas e inestabilidad, razón que ha obligado históricamente al gobierno central a asumir un papel determinante al subsidiar ese servicio público. Pero tal situación ha sido uno de los elementos para impedir que se aborde con profundidad y visión de futuro el tema del transporte colectivo en la ciudad y, más que eso, en toda el área metropolitana, por lo que ahora habría que pensar en otro tipo de soluciones que nos permitan disponer de un servicio más seguro, eficiente y al menor costo posible.
Cuando hablamos de temas puntuales como agua y transporte, para no citar el del saneamiento, tenemos que recordar que debe crearse la autoridad que coordine políticas para toda el área metropolitana, cosa que parece imposible en las condiciones actuales cuando hay discrepancias entre algunas de las alcaldías que imposibilitan la coordinación efectiva. Pero es urgente que se entienda que esos temas requieren atención impostergable.
Tantos años perdidos sin atender con seriedad el tema del transporte nos pasarán la factura ahora en plena crisis cuando es más difícil maniobrar en busca de soluciones. Y cuando sintamos, será lo mismo con el agua y con el resto de problemas metropolitanos que han permanecido sin atención durante las últimas décadas.